José Ureña

Va una docena.

Cuatro de primerísima importancia, cuatro a nivel de subsecretarías y el resto de posiciones de menos impacto mediático y político.

Pero todas las renuncias a cargos oficiales federales en el actual sexenio tienen tres constantes: la crítica, el escándalo y la discrepancia con el proyecto 4T.

En todos los casos hay constancias, bien de los propios dimitentes o por descalificaciones desde la máxima estructura del poder.

Las de mayor impacto han sido miembros del gabinete legal o ampliado.

La primera, la de Germán Martínez Cázares al IMSS, porque restricciones presupuestarias dictadas desde Hacienda le restaban autonomía.

-No soy florero -escribió.

La segunda fue de Carlos Urzúa a la SHCP, en cuya carta emitió una descalificación total al manejo financiero del Gobierno.

Josefa González-Blanco, titular inicial de Semarnat, fue muy criticada por retrasar la salida de un avión: influyentismo y prepotencia.

Y ayer se fue Javier Jiménez Espriú de la SCT preocupado por las consecuencias de asignar los puertos a la Marina.

OBLIGADOS A SALIR

Ha habido otras dimisiones con menos escándalo.

Acaso la más silenciosa sea la de Simón Levy, ex subsecretario de Turismo.

No puede decirse lo mismo de Asa Cristina Laurell, inconforme por ser ignorada en la SSA de Jorge Alcocer, donde era subsecretaria.

En el peor momento, cuando embiste a México la pandemia de Covid-19 con cifras de muertos y contagiados en constante multiplicación.

De poco eco fue también la salida de Tonatiuh Guillén en Migración, pues marcó la militarización del territorio nacional para contener el paso de extranjeros, mayoritariamente centroamericanos.

Petición de Donald Trump diligentemente atendida y por lo cual México tiene el reconocimiento del magnate.

Las demás renuncias tienen otro peso específico, cada una con sus circunstancias y con acoso desde el poder:

Patricia Bugarín (subsecretaria de Seguridad Pública), Mara Gómez (CEAV), Candelaria Ochoa (Conavim), Mónica Maccisse (Conapred) y Claudia Torres (estancias infantiles).

NUEVO SEMÁFORO

1.- Ya no podrán quejarse los gobernadores.

Al menos de promesa, estarán en condición de hacer sus propuestas para dar color a los semáforos estatales.

A partir del próximo martes enviarán la información semanalmente y, tras cruzar datos y precisiones, el jueves la oficializarán las autoridades federales.

Es el acuerdo de ayer entre la Conago de Juan Manuel Carreras y los secretarios Olga Sánchez Cordero, Graciela Márquez y Jorge Alcocer.

Los 22 mandatarios estatales enlazados fueron informados también sobre mecanismos del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.

Habrá comisiones donde estarán estados y municipios y, dato al canto, no podrán modificarse las reglas ni amagar con medidas arancelarias.

¿Alcanzas a oír, Donald Trump?

Y 2.- La pandemia obliga a acciones de emergencia.

Algunos alcaldes capitalinos, como Octavio Rivero, de Milpa Alta, creó paquetes distintos para ayudar a la población necesitada.

Reparte apoyo alimentario a 30 mil familias, entrega cinco mil pesos a pacientes con Covid-19 y respalda a dos mil 550 locatarios con apoyo de tres mil pesos.

Es una inversión de 33 millones para beneficiar a más de 100 mil personas, dice Rivero.