José Ureña

La escena fue hace cinco días.

El jueves 23 de julio.

Apenas recibió el cargo y despidió al Presidente para su viaje a Oaxaca, Jorge Arganis Díaz Leal convocó a sus colaboradores:

-Todos están ratificados.

Trabajaría con el equipo designado -o heredado en parte por el priista Gerardo Ruiz Esparza- por Javier Jiménez Espriú.

Emocionado, fue más preciso:

No se refería nada más a los funcionarios en la estructura de la SCT, sino a todos los organismos del sector.

Son muchos y de alta influencia en prácticamente todas las actividades económicas: Capufe, ASA, Seneam, Sepomex, Agencia Espacial Mexicana…

Ah, y la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, el área por la cual se fue, disidente y desilusionado, Jiménez Espriú.

No estuvo de acuerdo con la imposición de su jefe de entregar el control de aduanas y puertos a las Fuerzas Armadas, sean el Ejército o la Marina.

LA SEGURIDAD PRESIDENCIAL

En ese diferendo -Javier Jiménez Espriú lo definió- se dio la noticia posterior.

Jorge Arganis Díaz Leal, se supone, avaló gustoso la militarización de esos servicios para combatir la corrupción oficialmente exterminada desde Palacio Nacional.

Por lo tanto, era natural la designación de una persona de la mayor confianza presidencial para ocuparse de esa gran área económica.

Por ahí llegan y salen mercancías de todo tipo, legales e ilegales como narcóticos y armas, hasta la trata de todo lo tratable, si se acepta la expresión.

A la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante ha llegado Rosa Icela Rodríguez.

De su cercanía destaca un dato: a ella se encomendó el Presidente y encomendó a su familia en todos sus movimientos en la Ciudad de México.

Todos los días monitoreaba sus recorridos y emitía el reporte de sin novedad porque todo ha salido bien.

O sea, de vigilante del Presidente y garante de su seguridad, Rodríguez debe ser vigilante y garante de una de las áreas más corruptas del país en gobiernos pasados… y el presente.

Y le damos otro dato:

Cosas de la vida: Rosa Icela iba a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) pero de repente el que manda ordenó a Claudia Sheinbaum entregarle la Secretaría General de Gobierno de la Ciudad de México.

EL MALDITO DEBIDO PROCESO

Ayer se abrió un promisorio diálogo Senado-gobernadores.

El tema fue la justicia y en concreto la llamada puerta rotatoria de los penales, eufemismo para narrar cómo los delincuentes ingresan y salen.

Ricardo Monreal por el Senado y los gobernadores Alejandro Murat, Omar Fayad, Marco Antonio Mena y Cuitláhuac García por los estados hicieron propuestas.

Harán más para reformar el Código Federal de Procedimientos Penales y sobre todo terminar ese ardid judicial del llamado fallas al debido proceso.

Lo invocan todos los criminales y la sociedad los padece antes de ser detenidos y peor después de liberados porque regresan a vengarse.

Una expresión de Murat lo dice todo: deben cuidarse el proceso y también los derechos humanos “para todos por igual, pero nunca en contra de las víctimas ni del bien común”.

Monreal, por su parte, ofreció continuar el diálogo y convocar a otros especialistas para escuchar propuestas y llevarlas a un cambio sustantivo.