por José Buendía Hegewisch
• La discusión legal se desenvuelve en dos carriles paralelos, el juicio mediático y el procesal.
Estatus del país: expectante. En vilo de los tribunales por el reclamo de justicia y verdad sobre la operación de mafias en el corazón político del Estado. Por ellos pasan los escándalos de corrupción más sonados de los últimos gobiernos del PAN y el PRI con la promesa de un maxiproceso al pasado que cae como “anillo al dedo” al gobierno de López Obrador ante el hundimiento de la economía y la crisis sanitaria. El proceso contra Emilio Lozoya se litiga en la fiscalía, tanto como en las conferencias presidenciales y medios de comunicación, como escenarios alternos de una especie de juicio popular al que la prensa con frecuencia sirve de guiñol en una acumulación de espectáculos e instrumentalización política.
El proceso está en los primeros minutos de la partida, pero desde antes de comparecer para conocer los cargos de la FGR, ya se habían filtrado nombres, cifras, modus operandi y hasta piezas clave en los sobornos de Odebrecht y la compra de legisladores para la Reforma Energética por la que se le acusó en sus audiencias de esta semana. Varios medios adelantaron supuestas declaraciones del imputado en España, antes de ser extraditado, con información que pareciera confeccionada para distraer las investigaciones o proteger a alguien. Pero la maniobra, sin valor probatorio, nos alerta sobre las intrincadas tramas de intereses que podrían ser descubiertas en la investigación de toda una estructura de poder dentro del Estado como las que sacudieron Italia, con Manos Limpias, o Lava Jato, en Brasil.
El Presidente, desde la mañanera, también disputa en juicios que le sirven para hundir la condena a la corrupción del Prian, pero habrá que ver que sucederá cuando salgan a relucir nombres de sus propias filas o si la trama alcanza a delitos como el huachicol, por el que fue acusado, por ejemplo, el general Trauwitz.
En la cobertura del proceso los medios deben estar atentos a quién y por qué el interés de divulgar información que es deliberado intento de confundir como parte de las estrategias de la Fiscalía, la defensa o empresarios involucrados. Por ejemplo, la filtración del nombre de Fabiola Tapia Vargas, exrepresentante legal de Construcciones Tapia Vargas, como el cerebro de la operación de sobornos de Odebrecht que, de ser cierto, nunca podrá rendir testimonio ni ser investigada dado que murió el 20 de mayo de 2014, antes de que concluyera la aprobación de toda la Reforma Energética. La discusión legal se desenvuelve en dos carriles paralelos, el juicio mediático y el procesal, bajo la expectativa de que Lozoya diga todo lo que sabe y aporte pruebas para ir al fondo de las mafias o, de lo contrario, constatar el pacto para el uso político de su caso.
El exdirector de Pemex está obligado a hablar para acogerse a los beneficios del criterio de oportunidad de su acuerdo con el gobierno de denunciar y testificar contra delitos mayores en la jerarquía de poder del gobierno de Peña Nieto. El beneficio y el alcance de la inmunidad a los delitos por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa que se le imputan depende de la condición de acusar, atestiguar y aportar pruebas. De no ser así, el escenario del macroproceso a la “corrupción del pasado” terminaría en un juicio a Lozoya o éste declarándose culpable para buscar una reducción de pena como en el caso de Duarte.
Pero la estrategia de Lozoya en sus primeras audiencias no apunta a esa dirección. Se declaró inocente de Odebrecht y Agronitrogenados con un guion diseñado por sus abogados para aceptar los cargos, pero alegar que actuó porque se lo ordenaron. Su fraseo prepara el terreno para buscar una autoría mediata no dolosa que traslade la culpa a los mandos de los que habría recibido órdenes para incurrir en esos delitos y lo eximan a él de los cargos. El script apunta a trazar la red de corrupción de sus superiores en la campaña electoral de 2012 y en Pemex, Luis Videgaray y Peña Nieto. Que no haya aportado pruebas hasta ahora, como las 18 horas de video de las que habló la FGR, es sólo un asunto de los tiempos del proceso. Tampoco tira la investigación no haber pisado la cárcel, como se reclama en la prensa, bajo su condición de testigo protegido. El quid legal está en las partes por venir… ¡y estamos expectantes!
