Redacción

La carrera a contrarreloj de farmacéuticas, laboratorios y universidades en busca de la anhelada vacuna contra el coronavirus debería tener como objetivo salvaguardar la salud de la humanidad en su conjunto.

Sin embargo, la falta de transparencia sobre el costo final del medicamento tras meses de investigación con fuertes inversiones económicas, las dificultades para producirlo a gran escala y la decisión de potencias como Estados Unidos y Europa de garantizarse por adelantado el suministro de las vacunas para inmunizar a sus respectivas poblaciones podría dejar desabastecida a buena parte del planeta que seguiría registrando muertes pese al descubrimiento del antídoto.

Activistas de Naciones Unidas y Cruz Roja Internacional han advertido que la planificación anticipada de la compra de vacunas por parte de los países más avanzados dejará sin existencias a los países más pobres.

“Existen mecanismos como las licencias obligatorias, que permiten a los países exigir a las farmacéuticas que tengan una patente a ceder su monopolio en el caso de una emergencia sanitaria. A cambio, los laboratorios continúan percibiendo un porcentaje sobre el precio final de venta, es decir, no pierden realmente los derechos de patentes. Esta podría ser una posibilidad que se plantearan los gobiernos ante la crisis sanitaria”, señalan desde la Fundación CIVIO, organización que lucha contra la opacidad en los asuntos públicos.

Aun así, hay problemas de desabastecimiento de determinadas vacunas en los países menos desarrollados, lo que podría ser una importante barrera para la lucha contra el coronavirus, agrega CIVIO, luego de subrayar la falta de transparencia en los costos de investigación y en la fijación de precios de medicamentos y vacunas.

En el mejor de los casos, la solidaridad a nivel mundial no será incondicional. China y la Unión Europea (UE) se han mostrado partidarios de facilitar el acceso a la vacuna de manera internacional, y algunas farmacéuticas y laboratorios anunciaron que no buscan obtener beneficios por la venta del antídoto a los países más pobres, lo que no significa que éste se vaya a distribuir masivamente y a bajo costo. La mayoría de las empresas e instituciones privadas involucradas en la búsqueda de la cura no se han pronunciado al respecto.

Las asociaciones humanitarias detallan que no se puede confiar en la buena voluntad para asegurar el acceso a las vacunas de los países que la necesiten. Existen antecedentes. Con el VIH-Sida tuvieron que pasar 10 años para que los medicamentos contra esta enfermedad llegaran a los más pobres.

Si sucede lo mismo con el Covid-19, el escenario será más que preocupante. Los países más pudientes quedarían protegidos por la vacuna en un plazo razonablemente corto, mientras que el resto del planeta tendría que esperar.

“Hay países que están alcanzando acuerdos bilaterales con los posibles fabricantes, incluso en términos secretos, para asegurarse grandes partidas, lo que dejaría sin existencias a los países con menos recursos”, señala a EL UNIVERSAL Ave María Aburto, vocera de Médicos del Mundo en temas de medicinas.

La vacuna debería salir a precio de costo, porque hay que tener en cuenta el financiamiento público y filantrópico que se está destinando a las investigaciones, y tendría que ser accesible para todos los países con independencia de sus capacidades económicas, ya que debe ser considerada como un bien público mundial, resalta la farmacéutica.

“Están surgiendo iniciativas para facilitar el acceso a la vacuna, entre ellas la integrada por 75 países que se encargarían de comprar el medicamento para garantizar el acceso a, por lo menos, 20% de su población. También donarían vacunas a 90 naciones empobrecidas.

“No obstante, en este último caso no se habla de porcentajes de población, sino de grupos vulnerables, con lo que estos países dependerían de la voluntariedad de los más ricos, ya que esta iniciativa insta a los gobiernos, pero no los obliga”, asegura.

El impedimento fundamental para acceder a la vacuna sin restricciones es el derecho a la propiedad intelectual, que convierte al fármaco en monopolio del fabricante, que también monopoliza el futuro, con lo que no se transfiere el conocimiento ni la tecnología necesaria para desarrollar el producto.

Otro problema es la opacidad que envuelve el proceso, porque no se conocen los precios de la investigación ni el costo real de la producción. Existe un afán especulativo. Nadie dice que la industria farmacéutica no tenga que ganar dinero, pero sus beneficios deberían ser razonables, asegura.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) contabiliza 24 candidatos que investigan con alguna probabilidad de éxito la vacuna que está probándose en miles de voluntarios, con varios proyectos en fase 3, la última antes de autorizar su comercialización.

La Universidad de Oxford y las firmas AstraZeneca, en Reino Unido; Moderna y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, en Estados Unidos, y Sinovac y Sinopharm en China, junto a Rusia, están mejor posicionados para descubrir la vacuna contra el Covid-19 a fines de 2020 o inicios de 2021.

En este escenario altamente competitivo, en el que las potencias hacen acopio de las muestras más prometedoras, las preguntas sobre qué países serán los primeros en recibir las vacunas, cuándo llegarán al resto del mundo y a los más desfavorecidos anticipan un dilema ético que pondrá a prueba la solidaridad internacional.