Redacción
Unos viejos y pesados fardos con más de 60 años de una incesante violencia criminal con la sombra de la inseguridad atormentan a Colombia.
En vísperas de cumplir 45 meses de la puesta en marcha de un histórico, parcial e incompleto pacto de paz, al país con el sello de principal productor mundial de cocaína le persiguen en 2020 los titulares periodísticos que le marcaron por al menos seis décadas de cóctel crimen-política: “Masacre en Colombia”.
“En los últimos cuatro años transitamos con las mismas instituciones de justicia, los mismos códigos penales, la misma Policía Nacional y las mismas fuerzas militares del pasado
“La criminalidad creció al amparo del conflicto [armado] como amenaza muy grande a personas y comunidades. El espacio del acuerdo de paz se desaprovechó sin generar políticas judiciales y policiales de persecución a las organizaciones criminales en la transición al postconflicto”, explicó Restrepo.
“Colombia está hoy, sin duda, mucho mejor en seguridad. Ya no existen amenazas a la seguridad del Estado y a las instituciones democráticas asociadas al conflicto [con las FARC] que, por fortuna, se terminó. Esto no quiere decir que se hubiera logrado avanzar en la lucha contra la criminalidad”, adujo.
Curtida por decenios de múltiples atrocidades, desde asesinatos de infantes y adolescentes hasta abusos contra mujeres pasando por matanzas perpetradas por policías, militares, guerrilleros comunistas, paramilitares ultraderechistas, narcotraficantes y otras bandas del crimen organizado, Colombia aún se estremece con los nuevos episodios de sangre y muerte. El más reciente capítulo fue escrito por sicarios del narcotráfico que vestidos de negro, con rostros ocultos en pasamontañas, en motocicleta y con sorpresa, cometieron siete matanzas del 11 al 23 de este mes con un saldo de 36 jóvenes asesinados y su secuela de heridos y desaparecidos.
“Racha macabra”, narró un editorial de El Tiempo, de Bogotá.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) contabilizó 33 masacres de enero al 17 de agosto de 2020 con víctimas de diversas condiciones. Somos Defensores, programa (no estatal) de derechos humanos de Bogotá, sumó 465 asesinatos de líderes sociales de 2016 a 2019.
Antes y después
Colombia se acerca a los 48 meses de una fecha crucial. El 1 de diciembre de 2016 entró a regir un acuerdo de paz firmado por el gobierno y la entonces guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)—y negociado desde 2012 en Cuba—para finalizar una guerra que estalló en 1964.
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia informó a este diario que de 2012 a 2016, durante la negociación en Cuba como postrimerías de la guerra, hubo 65 mil 764 homicidios, a 44.9 al día. Del 1 de enero de 2017 al 11 de agosto de 2020 hubo 39 mil 864, a 30.7 cada 24 horas.
La paz todavía es incompleta y parcial, porque una gestión pacificadora paralela con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la otra insurgencia comunista, quedó suspendida indefinidamente en enero de 2019. Las zonas que las FARC, ahora partido político legal, usó para narcotráfico y abandonó al entrar a la pacificación, fueron ocupados por disidentes de esa misma fuerza subversiva, por el ELN y por otros grupos.
El cultivo ilegal de hoja de coca y la producción de cocaína financian “todo tipo” de grupos armados ilegales e irregulares, como el ELN, los ex miembros de las FARC y “muchos” dedicados al narco, alegó el ministro colombiano de Defensa, Carlos Trujillo. Al comparecer este lunes en la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Colombia, Trujillo admitió que son “la fuente de violencia que está detrás” de las masacres y de las “manifestaciones criminales” en contra de los colombianos.
