Redacción
México se enfrenta al deterioro de la confianza de los inversionistas por la falta de Estado de derecho, con la cancelación de proyectos de manera unilateral, así como por el riesgo de usar consultas populares para tomar decisiones que deberían pasar por el Congreso de la Unión, dijo Esteban Polidura, director de Asesoría y Productos para las Américas de Julius Baer.
“La consulta popular no es un instrumento constitucionalmente válido para tomar decisiones. El inversionista sigue de cerca esto y causa temor que el uso de la consulta popular se torne en una herramienta para tomar decisiones que tendrían que pasar por el Congreso”, advirtió el directivo de la firma.
En su opinión, la postura de los inversionistas respecto a México es negativa o bastante neutral debido a esos factores, así como por medidas que vulneran el Estado de derecho, relacionadas con la cancelación de proyectos.
No sólo se trata de planes en proceso o en construcción, agregó, sino también contratos que se habían entregado a la iniciativa privada a largo plazo y que luego se los han quitado.
Otro factor que también genera inquietud es que, a diferencia de otros países, y sobre todo en comparación con América Latina, México no ha respondido a la crisis del coronavirus con estímulos.
“Hay países donde los estímulos sobrepasan 10% del PIB, pero está lejos de ser el caso de México. Este hecho genera incertidumbre y da pie a estimados negativos respecto a la recuperación del país. Hay analistas que estiman que para volver a niveles previos a la pandemia podrían pasar años”, comentó.
Polidura agregó que los inversionistas quisieran ver algo de flexibilidad del gobierno para endeudarse.
