La familia del activista ecológico Carlos Marquéz Oyorzábal, quien fue secuestrado y asesinado el 4 de abril por un grupo armado, rechazaron recibir medidas de seguridad y dejar su comunidad de Las Conchitas, municipio de San Miguel Totolapan en Guerrero, informó la Secretaría de Gobernación (Segob).

“El 8 de abril, en la comunidad las Conchitas, localizada en dicho municipio (San Miguel Totolapan) personal del mecanismo se entrevistó con la esposa del activista asesinado y se ofrecieron los servicios de seguridad adecuados, en particular la adopción de una medida urgente de protección, la cual consiste en la extracción de ella y sus seis hijos de la comunidad en la que viven. La familia no aceptó la medida debido a que realizan las exequias correspondientes, además de argumentar no querer dejar su comunidad”, informó este sábado la dependencia.

Se detalló en un comunicado que la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, a través del personal de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH), y del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, realizaron una intervención para brindar medidas de seguridad para la familia del comisario ejidal de Las Conchitas. Sin embargo, éstas no fueron aceptadas.

Ante tal situación, personal del mecanismo Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos implementará una serie de acciones “para la atención de personas defensoras de tierra y territorio en la comunidad y región, con enfoque colectivo y comunitario, cuya finalidad sea desincentivar las causas que detonan las agresiones o situaciones de riesgo y propicien un esquema de reacción oportuna”.

Gobernación explicó que su personal realizó un recorrido por la zona y recabó testimonios de personas que denuncian la existencia de un contexto de violencia, derivado por la tala ilegal en la región, motivo por el cual, para su defensa, las y los pobladores formaron el Frente de los Pueblos.

“El personal del Mecanismo pudo constatar que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizan recorridos y patrullajes en la zona, a fin de garantizar los derechos de las y los habitantes de esa región”, dijo la dependencia.

Ayer, la embajada de Estados Unidos en México condenó el homicidio de Marquéz, y aseguró que está en espera de que las autoridades mexicanas correspondientes realicen una investigación integral que dé con los responsables.

De acuerdo con el Observatorio por la Paz y el Desarrollo de la Sierra de Guerrero, que dio a conocer el hecho el lunes, el activista de la región de Tierra Caliente fue levantado y asesinado, entre el 3 y 4 de abril, por un grupo del crimen organizado con presencia en el estado que exigía un pago por su liberación.

De acuerdo con el propio Observatorio, el agricultor llevaba defendiendo los recursos maderables de la zona desde hace dos décadas, e incluso, formó una Policía Comunitaria para impedir su saqueo por parte de células delictivas que operan en la zona.