por Rafael Cardona

Hubo otros, pero el más notable de los actos antijurídicos, pero legales del gobierno de la Cuarta Transformación fue el vergonzoso caso del nombramiento de Paco Ignacio Taibo, cuyos méritos literarios quedaron opacados (Paco opaca), por la triquiñuela de cambiar una ley para favorecer a un amigo, confirmar un capricho administrativo y probar la omnipotencia del presidente de la República.

–¿Por qué?

–Porque se puede, habría dicho el otro Paco, el “Pacorro” Franco, siempre presente en la historia de Taibo y su familia.

La imposición de la baja salarial es otro ejemplo de cómo la ley se pone al servicio de una causa o un lema político. Quienes se amparar contra esa mutilación de los salarios, vedada en el texto constitucional vigente entonces, se las vieron en la barandilla de los amparos y por ampararse, lo cual es una garantía jurídica, no un delito, fueron tachados como saboteadores.

Quien disiente sabotea, dice el gobierno. Así lo censuró también cuando en cascada se interpusieron recursos contra la inverosímil construcción del aeropuerto “mamut” en Santa Lucía, no importa si para ello se recurrió a la calificación más absurda posible: sabotajes legales.

Si el sabotaje es la destrucción, daño o bloqueo de instalaciones del gobierno, alguna empresa para impedir su funcionamiento y se comete en forma nocturna o clandestina, resulta un delito. Y los delitos tienen cualquier categoría, menos actos jurídicos.

Los bloqueos, las tomas de carreteras, las piedras en las vías férreas y otros recursos de sabotaje, son actos ilegales; no sabotajes legales. Se presentan como derechos inalienables como la manifestación de las ideas. Son excesos perniciosos y esa es su finalidad. Dañar, causar problemas, llamar la atención. La invocación es legal; el acto es ilegal.

Salir a la calle a protestar por algo o proclamar cualquier cosa, es legal. Reventar instalaciones del transporte público, es ilegal.

Por eso la ley –o algunas leyes– estorba a los propósitos del gobierno, porque fue hecha para proteger intereses contra los cuales el régimen se ha pronunciado. Por eso lo primero es desmantelar todo el edificio jurídico levantado por corruptos y neoliberales, reaccionarios, clasistas y racistas y junto con sus instituciones, sustituirlos por otras cuya finalidad sea llevar a cabo la anhelada redención del pueblo, la cual sólo se puede lograr sin estoy en el poder. Si no, no.

Pero eso no es nuevo en este país de rápidos acomodos y falsas ideologías. Con base en ese diagnóstico reduccionista, entre el pasado corrupto y el presente regenerador, Mario Delgado, puede repetir de memoria la lección: se debe extinguir al Instituto Nacional Electoral.

ZALDÍVAR

Cuando se hizo el primer ensayo para conocer las repercusiones y manipular las reacciones de la idea de extender el mandato presidencial, en una escala menor, fue en Baja California.

Ahora en la Corte. Segundo intento. Es el viejo método de ensayo y error.

El primer cobayo fue Jaime Bonilla. El segundo, Arturo Zaldívar.

Pero en aquella ocasión, la Suprema Corte de Justicia presidida por Zaldívar, lo impidió con vehemencia unánime.

El periódico “San Diego Union”, publicó entonces (once de mayo, hace casi un año), este cable de EFE:

“…La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México declaró este lunes inconstitucional la denominada Ley Bonilla, con la que el gobernador del estado de Baja California, Jaime Bonilla, intentó extender su mandato de dos a cinco años.

“En una sesión plenaria virtual por la pandemia de COVID-19, los once magistrados del tribunal constitucional mexicano avalaron por unanimidad los recursos de inconstitucionalidad contra la modificación del mandato de Bonilla, gobernador desde el 1 de noviembre de 2019.

“Bonilla, del izquierdista Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, se presentó a las elecciones para un período de dos años pero, tras ganar los comicios, el Congreso de Baja California modificó la ley para alargar su mandato a cinco años.

“El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, fue muy duro con la Ley Bonilla, a la que definió como “un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático” en México.

“El Congreso de Baja California alteró los resultados del proceso electoral concluido al decretar por ley que el gobernador electo por dos años ejerciría su cargo por cinco”, dijo”.

¿Por qué la extensión de Bonilla era un enorme fraude y la suya no?

Porque el hipócrita ministro Zaldívar se atiene a la voluntad de Dios, en los bueyes del compadre.

Y su patrono, también.