Redacción

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la obligación de llevar a cabo la consulta popular; ya se sabe que no habrá recursos adicionales y ahora se analizan mecanismos que permitan abaratar costos, para que la ciudadanía acuda a opinar el 1 de agosto próximo, aseguró la consejera electoral Carla Humphrey.

Es claro, subrayó, que se deben buscar distintas herramientas a ocupar y con ello hacer frente a la falta de recursos.

“Ya sabemos que no vamos a recibir financiamiento para esto, que es una actividad distinta al presupuesto de la elección. Lo que tenemos, y que estamos viendo, es plantear los escenarios para la realización de la consulta. Debe quedar clarísimo que es nuestra obligación constitucional y nosotros tenemos que cumplir con organizar la consulta popular el 1 de agosto. Lo que estamos evaluando es el mecanismo conforme al cual se va a poder emitir la opinión de 93 millones de ciudadanos”, expresó.

El 1 de agosto el INE realizará la consulta popular mediante la cual se cuestionará a la ciudadanía si aprueba o no un juicio en contra de los últimos cinco presidentes del país: Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari.

La autoridad electoral ha solicitado presupuesto adicional para ello; sin embargo, se le ha negado. Recién el INE volvió a enviar una solicitud de recursos adicionales a la Secretaría de Hacienda en donde argumenta que se puede disminuir el costo de la consulta de mil 500 millones a 890 millones e instalar 91 mil casillas en lugar de 104 mil 667.

Negó que exista oposición, al menos de su parte, a llevar a cabo la consulta popular.