Redacción
A dos días de publicarse en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley de Hidrocarburos se estima que se presentaron aproximadamente 50 amparos, pero en los próximos días seguramente serán más.
El presidente de la International Chamber of Commerce (ICC), Claus Von Wobeser, expuso que habrá más amparos, “vamos a ir viendo en los próximos días, seguramente serán muchos, la cosa es que habrá bastantes, pero desconocemos el número”.
Afirmó que los amparos serán la primera opción a la que recurrirán las empresas porque se resuelven más rápido con respecto a litigios internacionales que toman más tiempo.
“Los tratados de protección a la inversión y de libre comercio, tienen plazos bastante amplios, pienso que vamos a ver en una primera etapa, parecido a lo que pasó en la reforma eléctrica, habrá amparos, y los arbitrajes de inversión tomarán mucho más tiempo y muchos inversionistas van a esperar cuáles son los resultados, si obtienen soluciones favorables en tribunales mexicanos ya no presentarán en internacionales”, expuso.
El especialista del ICC, Miguel Flores, dijo que “esta ley nos preocupa mucho porque va a provocar un desincentivo a la inversión y la reducción de más oferta en hidrocarburos, esta falta de claridad, y términos de ley como seguridad nacional o seguridad energética, crea incertidumbre jurídica y hace que los inversionistas se la piensen dos veces para invertir en el país, lo que reduce oferta, competidores en el mercado”.
Ante la posibilidad de que se revisen los permisos, el integrante de ICC, Alberto Córdoba, afirmó que las empresas deben estar seguras de que estén cumpliendo con todo lo que se pide para los permisos y estar listos a alguna auditoría de la autoridad.
En un comunicado, el ICC afirmó que les “preocupan ciertas disposiciones de la mencionada reforma, particularmente aquellas que: crean incertidumbre a los permisionarios en cuanto a las obligaciones que deben cumplir al dar una excesiva discrecionalidad a la Secretaría de Energía sin parámetros establecidos en la ley, para establecer la capacidad mínima de almacenamiento de hidrocarburos.
En segundo lugar, les inquieta que “las autoridades no contesten las peticiones de cesión de permisos o tengan obligación de argumentar las razones por las cuales una solicitud es negada, al sustituir la afirmativa ficta por una negativa ficta.
Además de que se genera incertidumbre en cuanto a la duración de la suspensión de un permiso o en cuanto a los motivos de dicha suspensión, ya que se incorporan conceptos como “peligro inminente”, “seguridad nacional”, “seguridad energética” y “economía nacional”.
