Rogelio Sánchez
La organización Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local (CFJG), dio a conocer que, durante la presente administración en Tlaxcala, próxima a dejar el cargo, únicamente se logró una sentencia condenatoria por delito de Trata de Personas y señalan que los aparentes avances de los últimos años develan una simulación de acciones para el combate del delito.
Asimismo, la asociación civil, dirigida por Alejandra Méndez Serrano, destaca que en el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez se abrieron 49 carpetas de investigación, las cuales quedarán pendientes a excepción de la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
Al respecto, el CFJG hizo hincapié en la falta de ejecución del Programa Estatal para Prevenir, Sancional y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas, reincidencia en impunidad así como falta de acceso a la justicia en cuanto a sanción de los responsables.
Por igual la organización advierte que la pandemia por Covid-19 ha incrementado el riesgo de mujeres y niñas víctimas de trata de personas ya que, derivado del cierre de Bares o Clubes Nocturnos, los tratantes utilizan casas particulares para llevar a cabo esta práctica ilegal.
Aunado a ello, el CFJG solicitó al gobierno entrante asumir una responsabilidad en cuanto a los pactos que ha firmado México a nivel internacional para la investigación, persecución y en su caso sanción del delito de Trata de Personas así como pidieron “limpiar” las instituciones de personas ligadas con tratantes.
“Ello implica, por supuesto, que el gobierno limpie sus instituciones de personas que estén vinculadas directamente a la trata de personas; de poco servirá capacitar de manera permanente si en el fondo mantienen vínculos con el proceso de trata y explotación”.
