Redacción

En abril de 2020, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con miembros de su gabinete para encomendarles que redactaran un decreto presidencial. En esa ocasión, López Obrador les indicó que el decreto debía prohibir el maíz transgénico y el glifosato, un agroquímico que ha sido señalado por la Organización Mundial de la Salud como probable carcinógeno en humanos, entre otros daños serios a la salud y al medio ambiente.

En aquella reunión, una parte del gabinete no estuvo de acuerdo con López Obrador. Las discusiones fueron acaloradas, aunque el presidente fue respaldado por un grupo de servidores públicos que comulgan con la agroecología, una corriente que se basa en transformar el sistema alimentario hacia alternativas que se equilibren con el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente, el bienestar social y la soberanía alimentaria. Es decir, que sea sostenible.

Por ello, estos servidores públicos empujaron el Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medioambiente y Competitividad (Gisamac), integrado por secretarías y dependencias, consejos, organismos y asociaciones. “Gisamac es algo único en América Latina. Por primera vez, la agroecología ya no está en el traspatio”, explica la ex coordinadora de asesores de la Semarnat.

Lo inédito fue que con el Gisamac y el proyecto de decreto contra el glifosato, se desafió por primera vez a las empresas transnacionales y mexicanas de la industria química de los plaguicidas, así como a funcionarios que han defendido los intereses de las compañías que se benefician de un modelo de desarrollo en el campo industrializado, a base de semillas híbridas, transgénicas y agroquímicos tóxicos.

Aquel decreto supone una amenaza al mercado del glifosato cuyas importaciones alcanzaron los 1,667 millones de dólares durante el periodo 2010-2020, esto de acuerdo con documentos internos de la Sader y la SE obtenidos por Ethos. Además, las cifras de importación del glifosato van aumentando año tras año. En 2020, se importó más del doble del valor importado en 2010. Esta situación explica por qué empresarios, secretarios, políticos, líderes gremiales, entre otros, están uniendo fuerzas para frenar la prohibición del herbicida.

Esta alianza ha actuado como un lobby al menos desde 2004, de acuerdo con una investigación realizada por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. Las trayectorias de los actores públicos o privados, quienes componen este grupo, han coincidido con las agendas de promoción de los transgénicos y plaguicidas tóxicos como el glifosato, impulsadas en México por corporaciones trasnacionales como Monsanto (que fue comprada por Bayer en 2018), que pertenecen a la  red de transnacionales agrupadas en CropLife internacional con asociaciones regionales en norteamérica (CropLife America), Latinoamérica (CropLife Latin América) y otras en todo el mundo.

De acuerdo con una revisión de más de 600 documentos —fiscales, reportes financieros y amparos—, una veintena de solicitudes de información, audios, conversaciones y un análisis de 230 eventos —como conferencias, convenios y mesas de trabajo—, así como testimonios de altos funcionarios, exfuncionarios y expertos, se revela que este lobby está conformado por 41 aliados, de los cuales destacan el ex jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo; el secretario de Agricultura y Desarrollo Social (Sader), Víctor Villalobos; Julio Scherer, ex consejero jurídico del Ejecutivo federal; así como, asociaciones, cámaras empresariales y empresas agroquímicas, algunas también enlazadas a entidades internacionales.

Algunos de ellos están vinculados a nivel nacional a la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos A.C (UMFFAC) y al Consejo Nacional Agropecuario (CNA). En tanto, en la esfera internacional, se encuentran corporaciones como Bayer-Monsanto, Syngenta, BASF, entre otras, que en México pertenecen a la asociación de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología  (Proccyt), también vinculada al CNA, a su vez agremiada de Croplife Latin America . Toda una red a favor del glifosato.

Al consultar a la empresa Bayer sobre esta investigación, la directora de Comunicación, Asuntos Públicos y Sustentabilidad en México de la compañía, Laura Tamayo, respondió en un cuestionario que el glifosato no puede ser reemplazado. “Habrá menores rendimientos, menores ingresos y en algunos casos el fin de la producción”.

“Bayer México siempre ha actuado y actuará cuidando la salud de las personas y del medio ambiente. Prohibir el glifosato implica privar a los productores agrícolas de la posibilidad de contar con herramientas seguras y eficientes para la producción de alimentos sanos”, detalló Tamayo en el mismo cuestionario, asegurando que estas afirmaciones están avaladas por más de 800 estudios realizados a nivel mundial sobre glifosato.

Respecto al cuestionamiento de que Bayer actúa como lobby junto a UMFFAAC, Proccyt, Croplife y el CNA, la empresa alemana refirió que las leyes “nos dan oportunidad de defendernos ante posiciones que pueden afectar el desarrollo de la agricultura sustentable”. Por otra parte, negó que se trate de una estrategia de interferencia en contra de las políticas públicas de salud en México.

“Tanto el decreto, como diversas acciones y decisiones de algunos funcionarios de este gobierno, están basadas en falsas premisas o prejuicios, así como una reiterada referencia a supuestas evidencias científicas que no lo son, o son tergiversadas y, que utilizan para justificar sus decisiones”, explica el área de prensa de Proccyt.

Por su parte, el director general del CNA, Luis Fernando Haro, apuntó que la defensa del glifosato “es coherente con el mandato del Consejo”. También precisó que hay una “campaña mediática” a favor de la prohibición del glifosato.

“Recordemos que previo al decreto que se menciona, (…) lo que había era una prohibición de importación del glifosato sin sustento legal, pues el producto se encontraba debidamente registrado. El asunto podía ser una restricción al comercio, afectando acuerdos como el NAFTA y el T-MEC que estaba por entrar en vigencia en esa coyuntura. El gobierno americano es abierto a discutir con stakeholders relevantes temas que entren a conocer, como lo puede ser restricciones al comercio”, apunta la responsable de Comunicaciones de CropLife Latin América, Mónica Velásquez, quien agrega que no han llevado a cabo campañas mediáticas, ni recibido fondos para acciones en contra del decreto.

En septiembre de 2019, de acuerdo con el acta de la mesa de trabajo, comenzó a operar el Gisamac con funcionarios, científicos, críticos de los transgénicos, así como líderes del movimiento campesino agroecológico.

Algunos, los más importantes, son la ex coordinadora de asesores de la Semarnat, Cecilia Elizondo; Víctor Toledo, ex secretario de Semarnat —reemplazado posteriormente por María Luisa Albores—; Elena Álvarez-Buylla, de Conacyt; Ernesto Acevedo, ex subsecretario de la SE; y Alejandro Espinosa, de la Cibiogem.

Las reuniones del Gisamac caminaron velozmente hasta que a principios de 2020, se llegó a un acuerdo contra el glifosato.

La discusión en torno a este agroquímico no es gratuita: ocupa el primer lugar en importaciones por arriba de otros plaguicidas como Paraquat, Atrazina, Metamidofós, Cloropicrina y Terbufós. De acuerdo con una revisión de documentos del Registro Sanitario de Plaguicidas y Nutrientes Vegetales de Cofepris, de 2010 en adelante, se expidieron al menos 170 permisos sanitarios para la importación y comercialización de glifosato.

En este proceso y ante la negativa que impidió la importación de mil toneladas de glifosato en noviembre de 2019, como una medida precautoria de la Semarnat, surgieron los primeros conflictos. De acuerdo con fuentes de Semarnat y fotografías, el 13 de febrero de 2020, se celebró una reunión interna con una veintena de diplomáticos de diversas Embajadas que solicitaron una sesión informativa.

Dentro de las instalaciones de Semarnat, el agregado de agricultura de la Embajada de Alemania en México, Martín Nissen, reclamó la postura de México basada en el principio precautorio. “Hubo prepotencia de Nissen. Dijo que no conocíamos de la agricultura en México, porque necesita glifosato”, comentó una fuente sobre la reacción de Nissen; Alemania fue apoyada por el resto de los países representados, en especial España. Sin embargo, la Embajada de Alemania en México negó que Nissen criticara de forma prepotente dicha política, sino todo lo contrario, y que ofreció “colaborar con SEMARNAT para resolver el problema, también en nombre de otros países en relación con sus propios escenarios de eliminación del glifosato”.

Unos meses después, CropLife America —la cual es financiada por empresas de la agroindustria— presionó vía correos electrónicos a decenas de funcionarios de Estados Unidos para que estos, a su vez, reclamaran a México su postura contra el glifosato, según la organización USRTK y el diario The Guardian.

En mayo de 2020, Robert Lighthizer, representante comercial del gobierno del ex presidente Donald Trump, envió un correo a Graciela Márquez, entonces secretaria de Economía, señalando que el decreto amenazaba la “relación bilateral” entre ambos países. Tres meses después, CropLife America agradeció a Lighthizer y le pidió más ayuda para transmitir que la nueva visión agrícola de México y el decreto iban en contra del T-MEC.

Mientras en el mundo se movían diversas piezas, en México, las acciones a favor de la agroindustria estuvieron encabezadas por el secretario de la Sader; el ex jefe de la Oficina de Presidencia; y Julio Scherer, entonces titular de la Consejería Jurídica de Presidencia.

Desde mediados de 2020, estos funcionarios promovieron la publicación de decretos alternos “espurios” al decreto inicialmente instruido por el presidente; el primer intento de decreto fue en junio de 2020 de acuerdo con documentos y fuentes consultadas. Es decir, documentos que no contemplaban la prohibición del glifosato, sino la realización de estudios técnicos para conocer el grado de toxicidad del herbicida para, después de cuatro años, emitir un fallo definitivo sobre su regulación o posible prohibición. Estos documentos se alejaban drásticamente de la intención regular el glifosato para su total prohibición en 2024.

“Para tener el decreto debía tener el refrendo de las secretarías de Salud, Agricultura, Hacienda, Economía y otras dependencias. Julio Scherer llamó y decía que ya tenía los demás refrendos y que el decreto estaba redactado como el presidente se lo dictó”, dijo una fuente cercana a este proceso, que coincide con cuatro testimonios más, quienes afirman que Scherer marcó a integrantes del Gisamac para tacharlos de radicales por apoyar la prohibición.

Un nuevo intento de decreto “espurio” ocurrió en agosto de 2020. En ese mes, el secretario Toledo presentó su renuncia. Después vino el 23 de octubre, fecha en la que la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer) de la SE difundió el tercer borrador “espurio” de decreto presidencial.

Scherer, Villalobos y Romo no dieron explicaciones sobre las modificaciones al decreto original. El movimiento Sin Maíz No Hay País denunció esta situación el 28 de octubre de 2020, con la declaratoria siguiente: “El decreto Scherer-Villalobos atenta contra México”.

“Presentaron varios ‘decretos espurios’ que iban en contra de lo que ordenó el presidente (…) Esto merecía un castigo fuerte o que los despidieran”, refiere un ex alto funcionario del Gisamac. A pesar de ello, el presidente no tomó represalias. Solo anunció, en noviembre de 2020, que se trataba de “distintos puntos de vista”.

“Obviamente ahí hubo una mano negra, tanto en la redacción del documento como en los acuerdos que se habían establecido (…). En otros sexenios esto no hubiera pasado, no se hubieran dado estas diversas posturas. En el pasado la postura corporativa era muy clara”, apunta Alejandro Calvillo, director de la organización Poder del Consumidor, y quien participó en mesas del Gisamac.

Otro alto funcionario precisa: “Lo que estaban haciendo era poner al Estado al servicio de la agroindustria. No les importó que los despidieran, ellos estaban dispuestos a perder todo su capital como funcionarios (…) En unos años saldrán del servicio público y volverán a la industria”.

El acto más notorio por parte del grupo pro-glifosato tuvo lugar el 4 de agosto —ahora llamado el “madruguete”—, día en que se publicó el decreto “espurio”, sin el consenso de la Secretaría de Salud (SSA), la Semarnat y el Conacyt.

Según las fuentes consultadas, de nueva cuenta la Consejería Jurídica del Ejecutivo llamó a las unidades jurídicas para presionar, pero en esta ocasión también participó el secretario de Agricultura, Villalobos, quien pidió que el decreto “espurio” fuese publicado de inmediato en la página de Conamer.

Luego de que se difundiera el documento, la Semarnat publicó a través de su página oficial un comunicado donde se deslindó del mismo, y pidió que el secretario Villalobos ofreciera una disculpa pública por aquel decreto que avalaba la firma de Scherer.

El 2 de diciembre de 2020, Romo dejó su cargo, y una semana después, Tatiana Clouthier fue designada como titular de la Secretaría de Economía. Anteriormente ha coincidido en proyectos con Romo desde 2005; también fue legisladora, y durante la reñida discusión sobre los etiquetados frontales de comida chatarra que advierten sobre los daños a la salud que provocan algunos ingredientes, presentó, en julio de 2019, una propuesta de artículo transitorio para bloquear la reforma.

A su llegada como secretaria, Clouthier no asistió a reuniones con el Gisamac, pero sí con la agroindustria. Para ese entonces, el presidente mostraba señales de impaciencia ante la afrenta entre el lobby y el Gisamac, y el retraso del decreto. De acuerdo con las fuentes consultadas, el presidente ordenó que la titular del Conacyt se hiciera cargo de la redacción final.

Consultada al respecto, la secretaria de Economía dijo que el decreto es muy claro, indica que hasta el 2024 hay un periodo de transición para lograr la sustitución total del glifosato

“En este sentido, el decreto indica que no se permite la importación o el uso del producto para proyectos del gobierno, por lo que no vamos más allá de lo que el decreto demanda. Yo no tengo nada que defender con respecto a posturas de otras personas. La Secretaría de Economía defiende los procesos para reactivar la economía dentro de lo que marca la Ley. Lo que he defendido y seguiré defendiendo es que el decreto se cumpla como está. Al día de hoy no tenemos un sustituto, por lo que no podemos ir más allá de lo que establece la Ley al adelantarnos a la prohibición”.

Recalcó que, al día de hoy, no hay una evidencia científica definitiva. “Se requiere más información. En cualquier tipo de producto hay intereses que promueven tanto su uso o su prohibición”.

Finalmente, en diciembre de 2020, el decreto presidencial se publicó con seis artículos y seis transitorios que establecen la sustitución gradual del glifosato por alternativas sostenibles, que serán desarrolladas por medio de la ciencia y la tecnología con apoyo del Conacyt, esto con la meta de prohibir el herbicida por completo en 2024.

“Las autoridades en materia de bioseguridad, en el ámbito de su competencia, de conformidad con la normativa aplicable y con base en criterios de suficiencia en el abasto de grano de maíz sin glifosato, revocarán y se abstendrán de otorgar autorizaciones para el uso de grano de maíz genéticamente modificado en la alimentación de las mexicanas y los mexicanos, hasta sustituirlo totalmente en una fecha que no podrá ser posterior al 31 de enero de 2024”, refiere parte del decreto.

Este hecho no significa una victoria completa para quienes quieren prohibir el glifosato; el lobby sigue movilizándose para el 2024. Por ejemplo, y como posible señal de revancha, para marzo de 2021, el lobby le dio un golpe al Gisamac: Acevedo, de la subsecretaría de la SE, fue removido para, en su lugar, asignar a Héctor Guerrero, otrora subjefe de Enlace de Vinculación con la Iniciativa Privada de la Presidencia, con Romo.