Redacción
El tema de los certificados de energías limpias que operan actualmente, y cuyo objetivo es garantizar la transición energética en México, confrontó a expertos defensores y opositores de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador que se debate en el foro 4 del parlamento abierto “Mecanismos de transferencia a la IP, certificados de energías limpias, inversión privada y CFE”.
Mientras que empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sostuvieron que ese mecanismo afecta severamente a la empresa productiva, expertos de la iniciativa privada afirmaron que no es así, y por el contrario se trata de una política que garantiza energías menos contaminantes en el país.
“El cambio climático ha obligado a todos los países del mundo a realizar procesos de transición energética. En 2013 se planteó la Ley de Transición Energética y se introdujeron los Certificados de Energía Limpia que han tenido un efecto muy negativo para la CFE que está erogando alrededor de 4 mil 500 millones de pesos en promedio, y todo este dinero se va a las empresas transnacionales proveedoras de energía eléctrica”, puntualizó Jorge Toro, especialista en el sector energético.
En contraste, Diego Rasilla, asesor energético, aclaró que México no tiene ni 10% de lo planeado para cumplir el acuerdo de París en materia de medio ambiente y energías limpias para la transición energética, por lo que resulta importante mantener los certificados, que nacieron como un incentivo para tener mayores energías de este tipo en el país.
En favor de la iniciativa presidencial, Miguel López, subdirector de Contratación y Servicios de la CFE, sostuvo que la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo busca eliminar los mecanismos de transferencia de recursos públicos de una empresa del Estado hacia privados.
Puntualizó que en primer lugar, los productores independientes están vinculados a privados insertos en la CFE, a quien le venden el 100% de su capacidad eléctrica bajo diversos mecanismos de transferencia: subsidio a los productores privados, riesgo cambiario, riesgo comercial por bajo despacho, ganancias adicionales por inflación y riesgo por precio distinto al licitado.
Nelson Delgado, especialista en el sector energético, aseveró que dar prioridad a las plantas de generación de la CFE causaría incrementos de hasta 52% en los costos de producción del Sistema Energético Nacional, incremento de emisiones de gases de efecto invernadero hasta en 65 %, así como subutilización de centrales eólicas y solares hasta en 90%.
“Los certificados evidencian que hay costos sociales por las emisiones de la energía, por ello tienen como propósito acercar el cumplimiento de las metas de medio ambiente”, refirió.
