Rogelio Sánchez
Al menos 60 ex trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (COBAT), solicitaron audiencia con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, pues buscan ser restituidos en sus cargos administrativos tras ser despedidos de forma injustificada durante el gobierno de Mariano González Zarur.
Los inconformes señalan que a partir de las pretensiones de los directivos del Cobat de crear el “Sindicato de Trabajadores Técnicos, Analistas Técnicos, Técnicos Especializados B, jefes y subjefes de oficina, jefes de materia y encargados de orden al servicio del Colegio de Bachilleres de Estado de Tlaxcala”, el ya existente STAICOBAT interpuso acciones legales, esto desde el año 2010.
Sin embargo, relatan que un año después, en junio 2011, directivos de la institución retuvo prestaciones económicas a trabajadores sindicalizados y acoso laboral para finalizar con el despido injustificado de 32 trabajadores.
Agregan que, los trabajadores que quedaron les fueron retiradas las prestaciones contempladas en las condiciones generales de trabajo y extensas jornadas laborales.
Sumado a ello tras las acciones legales emprendidas por el STAICOBAT y reconocidas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA), Enrique Portillo Cisneros fue destituido por el director General del Colegio, mientras continuaron los despidos injustificados hasta 2012.
“En la actualidad somos más de 60 compañeros que tenemos interpuestas nuestras demandas reclamando la reinstalación a nuestro trabajo y el pago de nuestros salarios caídos por todo el tiempo que hemos dejado de trabajar a causa del despido injustificado que fuimos objeto por la persecución perversa del ex gobernador priísta Mariano González Zarur”.
Los afectados señalan que actualmente la defensa del Cobat niegan que los despidos hayan sido injustificados y para conciliar exigen un “moche” del 10 por ciento de lo que la institución ofrece para llegar a un acuerdo.
En su petición señalan además al subdirector jurídico del Cobat, Alejandro García Vallejo, al Ex director general Victoriano Vergara Castillo y al director administrativo de exigir el “moche”, incluso acusan que el ex gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez tuvo conocimiento de los hechos sin haber intervenido, de ahí que solicitaron una audiencia con la gobernadora de Tlaxcala para abrir diálogo y encontrar solución a los poco más de 60 trabajadores.
