Redacción

Desde la cárcel, el abogado Juan Collado denunció ante la Físcalía General de la República (FGR) al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, a tres abogados y un operador financiero presuntamente vinculados al exfuncionario, por extorsión, asociación delictuosa, lavado de dinero y tráfico de influencias.

Conforme la denuncia, a la que tuvo acceso Reforma, Scherer ofreció a Collado excarcelarlo a través de un acuerdo reparatorio y simultáneamente un grupo de abogados –quienes fueron socios del exfuncionario en un despacho– le pedía vender Caja Libertad a Banco Afirme, de Julio César Villarreal Guajardo, empresario que según el testimonio de Collado es amigo de Scherer, de acuerdo con lo que le aseguraron esos mismos abogados.

“Realizaron hechos que tenían como fin utilizar al Estado Mexicano y sus respectivas instituciones, a efecto de que les entregara diversas cantidades de dinero y otros bienes de mi propiedad (…) crearon una red de complicidades para obtener beneficios económicos”, señala la denuncia del abogado.

El documento es la base del caso con el que la FGR pretende que sean vinculados a proceso los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez, así como David Gómez Arnau, financiero y representante de Grupo Afirme.

Scherer es el único contra quien la FGR no judicializó el caso.

Según su relato, Scherer ofreció a Collado promover su excarcelación a cambio de un pago de 2 mil millones de pesos como reparación de daño, lo que cancelaría las acusaciones de delincuencia organizada y lavado que lo llevaron a la cárcel.

Collado vincula esa gestión de Scherer con ofrecimientos de los abogados del despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo & Carrancá, para despojarle de sus propiedades.

Según la denuncia, Collado pagó a los abogados encabezados por Araujo 10 millones de pesos a cambio de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, cerrara una investigación en su contra.

Además, los abogados le pidieron 3 millones de dólares en honorarios, de los cuales pagó la mitad, para defenderlo desde su captura en junio del 2019 por lavado de dinero y delincuencia organizada. “Me dijeron que el pago era el único camino a la libertad”.