Redacción

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) observó un posible conflicto de interés del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y el subprocurador Juan Ramos, en la reapertura de las acusaciones por lavado de dinero contra los integrantes de la Fundación Mary Street Jenkins, dueños de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

“Juan Ramos afectó la imparcialidad y objetividad de la función como subprocurador de la FGR anteponiendo intereses de negocios de la familia Gertz”, señaló la UIF en el informe.

Difundió que, según un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) las cuentas de la Universidad de las Américas (UDLA), escuela de la que Gertz Manero fue rector desde 1995 hasta noviembre de 2018, fueron utilizadas para enviar cantidades millonarias a cuentas bancarias a nombre del fiscal y sus familiares en México y el extranjero, incluyendo paraísos fiscales, por cerca de 150 millones de pesos.

De acuerdo con el reporte, desde 2007 Gertz Manero emprendió acciones legales contra la UDLAP con el fin de obtener por completo el nombre comercial, marca, logotipo y lema, propiedad de la familia Jenkins.

Gertz Manero fue designado rector de la UDLA desde 1995, y según documentos notariales a los que esta publicación tuvo acceso, el consejo directivo de la universidad le otorgó entonces un amplio poder sobre la institución y su patrimonio.

Según la escritura 69 mil 233 del 8 de mayo de 1995, ante el notario público 74, Francisco Javier Arce Gargollo, en la que se protocolizó el acta de sesión del consejo directivo de la UDLA, del 19 de abril de 1995, se ratificó y amplió el poder otorgado a Gertz Manero en su carácter de rector.

El consejo directivo le otorgó facultades de administración y dominio, así como para pleitos y cobranzas a nombre de la UDLA.

“Estando facultado para suscribir documentos, convenios o contratos, para ejercer el mandato ante toda clase de autoridades y particulares, ante personas físicas o morales, pudiendo promover el juicio de amparo o desistirse de él, absolver y articular posiciones, intentar y proseguir juicios, incidentes, recursos y apelaciones ordinarias o extraordinarias, recusar con causa o sin ella, entablar denuncias o querellas y desistirse de las mismas, coadyuvar con el Ministerio Público, así como exigir la reparación del daño proveniente de delito”, precisa el acta.

“Se faculta al apoderado para que a su vez pueda conferir, dentro de las facultades de las que está investido, poderes generales y especiales y revocarlos conservando siempre su ejercicio e informando al Consejo Directivo”, señala.

En 2007, Gertz Manero otorgó un poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración de la UDLA a Ramos López, Alfredo Concepción Ramírez Guerrero y Gustavo Gutiérrez Calderón, y ese año instruyó a Juan Ramos iniciar un litigio contra la UDLAP por uso y apropiación fraudulenta del nombre “Universidad de las Américas”.

El litigio no prosperó, pero ese año Ramos López solicitó ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) el registro de la marca comercial, logotipo y lema de la Universidad de las Américas, lo que le fue concedido.

Para 2014, Mercedes y Alejandra Gertz, así como Julián Antuñano Olvera, yerno del fiscal, fueron agregados como accionistas de la universidad. Desde entonces, de las cuentas de la UDLA fueron enviados recursos a cuentas en el extranjero, incluidos paraísos fiscales, a nombre de familiares de Gertz Manero.

En 2016, la UDLAP Jenkins Graduate School-CDMX comenzó a funcionar como unidad de posgrado en la capital del país, razón por la que en 2017 Ramos López solicitó la nulidad del registro del nombre comercial Fundación Universidad de las Américas Puebla, pero el 1 de marzo de 2018 el IMPI le negó la petición.

En junio de 2018, volvió a solicitar la nulidad del registro, y el 28 de febrero de 2019, cuando Gertz Manero era titular de la FGR, el IMPI le dio la titularidad del nombre de la UDLA-CDMX.

Ese año, Guillermo Jenkins de Landa presentó dos denuncias en la delegación Puebla de la extinta PGR contra sus familiares por administración fraudulenta y lavado de dinero en la Fundación Mary Street Jenkins, dueña de la UDLAP.

Las denuncias se acumularon y en octubre de 2017 se enviaron a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Electorales (SEIDF) donde se inició la investigación FED/SEIDF/ UEIDFF/0002073/ 2017.

Entre los hechos a investigar estaba un presunto desvío por 228 millones 834 mil 356 dólares de la fundación. El 4 de mayo de 2018, el Ministerio Público de la Federación determinó no ejercer acción penal por considerar que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito, lo que fue declarado cosa juzgada en 2019 por un juez de Distrito.

El 12 de junio de 2020, como subprocurador de la FGR, Ramos López revocó el no ejercicio de la acción penal de la investigación iniciada por la denuncia de Guillermo Jenkins de Landa.

“Se revoca la autorización para decretar el no ejercicio de la acción penal del 3 de mayo de 2018, se ordena al agente del Ministerio Público de la Federación dejar sin efectos el acuerdo de no ejercicio de la acción penal de 4 de mayo de 2018 y se instruye al agente del Ministerio Público de la Federación para que continúe la investigación por los hechos denunciados, integre la presente carpeta, practique las diligencias faltantes y conducentes, procediendo conforme a derecho”, señala el acuerdo firmado por Ramos.

Esta reapertura, ejecutada por Ramos López al frente de la SEIDF de la FGR, fue considerada por la UIF como un conflicto de interés: “Juan Ramos afectó la imparcialidad y objetividad de la función como subprocurador de la FGR anteponiendo intereses de negocios de la familia Gertz”, expone la UIF al referirse a los parientes de su jefe, el fiscal general Gertz Manero.

La carpeta de investigación fue enviada a la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y el 16 de marzo de 2021 judicializó una carpeta que abrió en 2020 ante un juez de Distrito Especializado en Materia Penal en el Centro de Justicia de Almoloya de Juárez, Estado de México, que libró orden de aprehensión contra familiares de Jenkins de Landa, quienes mantienen en trámite tres amparos ante el juez Octavo de Distrito en Puebla.

El 6 de julio de 2021, la SEIDO, ahora FEMDO, inició una carpeta de investigación por lavado de dinero contra otro grupo de familiares de Jenkins de Landa, misma que está en curso.

Parte del expediente principal que estaba en poder de la SEIDF fue enviado a la fiscalía de Puebla, donde se iniciaron dos carpetas de investigación por fraude y fraude específico, mismas que ya fueron judicializadas y un juez de Control de la entidad libró órdenes de aprehensión contra diversos integrantes de la familia y accionistas.