Redacción
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, llamó ayer a padres de familia a que adviertan a sus hijos adolescentes de que entrar en las pandillas los llevará a “la cárcel o la muerte”, un día después de que el Congreso quintuplicó la pena máxima de prisión por pertenecer a esos grupos.
Bukele publicó en la red social un video en el que se muestran las duras condiciones de encierro que tienen actualmente los pandilleros en prisión, en el marco del estado de excepción aprobado el domingo por el Congreso a pedido del mandatario y que regirá por un mes para frenar la violencia de esas bandas consideradas “terroristas”.
En las imágenes se observa a pandilleros aglomerados en celdas, sin colchones en dónde dormir y se escucha la voz de uno de ellos que se queja de la disminución en las raciones de comida y la falta de implementos para limpiar su lugar de encierro.
El presidente recordó que desde que se declaró el estado de excepción, “la comida es racionada” a dos tiempos de alimentación para los 16 mil pandilleros presos. Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, tienen unos 70 mil integrantes en El Salvador. El régimen de excepción, que implica la restricción de libertades civiles y la ampliación de los poderes de la policía y el ejército en el control del orden público, fue adoptada tras una ola de violencia que dejó 87 muertos el fin de semana.
Las reformas legales para endurecer penas contra las pandillas en El Salvador, aprobadas la noche del miércoles por la Asamblea Legislativa, entraron en vigor tras su publicación en el Diario Oficial.
Las medidas fueron aprobadas sin estudio ni discusión parlamentaria y modifican normas como el Código Penal, Ley Penal Juvenil, Código Procesal Penal y Ley Antiterrorismo. La enmienda al Código Penal establece que la pertenencia a una pandilla se juzgará como agrupaciones ilícitas con penas de 20 a 30 años. Los legisladores establecieron penas de entre 40 y 45 años de cárcel para “los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas”. Hasta antes de esta reforma, los pandilleros enfrentaban por el cargo de agrupaciones ilícitas penas de entre tres y cinco años de cárcel, mientras que para sus cabecillas eran de seis a nueve años.
El Congreso también aprobó reformas al Código Procesal Penal para proteger las identidades de jueces y otros funcionarios en procesos penales relacionados con pandillas. Además de eliminar la libertad condicional para delitos como el homicidio.
El resto de reformas están relacionadas con penas de prisión para que menores de edad pertenecientes a pandillas puedan ser juzgados como adultos, y la imposición de penas de entre 20 y 30 años de cárcel para los pandilleros relacionados con narcotráfico y extorsiones a ciudadanos y comerciantes.
