Expertos en transparencia criticaron la decisión de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que no encontró ninguna evidencia que acredite probable conflicto de interés, cohecho o soborno entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario Daniel Chávez Morán, asesor honorario del Tren Maya y dueño de Grupo Vidanta.
La dependencia federal señaló que tampoco tiene competencia para investigar actos jurídicos ajenos a la administración pública federal, ni tampoco los actos celebrados fuera del territorio nacional, como los que se refieren en el escrito acerca de la empresa KEI Partners.
Esto luego de que el hijo mayor del Presidente, José Ramón López Beltrán, dio a conocer que trabaja como abogado de la empresa KEI Partners en Estados Unidos, cuyos dueños son los hijos de Chávez Morán.
La denuncia contra el Jefe del Ejecutivo fue presentada por la senadora Xóchitl Gálvez (PAN), en la cual solicitó que se investigara el presunto conflicto de interés del Presidente y el empresario.
En este sentido, expertos y legisladores equipararon esta exoneración con el que hiciera el entonces titular de la SFP, Virgilio Andrade, con la casa blanca, que involucró a la entonces esposa del presidente Enrique Pela Nieto. Asimismo, que esta nueva decisión lastima el corazón de la austeridad republicana que enarbola este gobierno. El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, dijo que más allá de las investigaciones y resultados de auditorías, lo mismo de la SFP o de la Fiscalía General de la República (FGR), este caso y otros que involucran a la familia del Presidente “lastiman el corazón de la llamada austeridad republicana” que pregona López Obrador.
“Fue el propio Presidente quien informó de la relación laboral entre su hijo y una empresa vinculada con el Grupo Vidanta en una de sus conferencias matutinas”, dijo.
Señaló que por la naturaleza de la relación laboral descrita entre la empresa y López Beltrán, “era poco probable que se pudiera acreditar falta en materia administrativa”.
A su vez, el politólogo Khemvirg Puente consideró que en este tipo de investigaicones hay un diseño institucional imperfecto, porque es el propio Ejecutivo el que realiza la investigación para des- lindar responsabilidades, cuando debería de ser un órgano externo, autónomo, que no dependa del Presidente.
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