REDACCION
El diputado el PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud en la Cámara baja, anunció que presentará, junto con varios compañeros de su bancada, una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que se investiguen las fallas en la Estrategia Nacional de Vacunación contra Covid-19, tales como la caducidad de 14 millones de vacunas almacenadas y que podrían quedar inservibles, la falta de transparencia en los contratos con las farmacéuticas y la negativa a vacunar menores de edad, a fin de que se investiguen las irregularidades y se presenten las sanciones en contra de los funcionarios que acturaron con negligencia criminal. La denuncia es en contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Salud, Jorge Alcocer; y el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, respecto de los errores e irregularidades de la campaña de vacunación, “situación con la cual, se está vulnerando el derecho a la protección de la salud y existen posibles afectaciones al gasto público, principalmente debido a que, millones de pesos invertidos en la adquisición de vacunas que están próximas a caducar, podrían haberse tirado a la basura”, señaló a través de un comunicado.
Ramírez Barba puntualizó que mientras millones de vacunas están próximas a caducar, niños y adolescentes han enfrentado la pandemia en total desprotección del gobierno federal, “pues se han empeñado en decir que son poco afectados por el coronavirus y que por ello no hay necesidad de vacunarlos contra este virus”. Recordó que ya son diversos los amparos presentados por padres de familia para que el gobierno aplique el biológico a niñas, niños y adolescentes, lo que calificó como “una muestra clara de que la política de vacunación no está funcionando”.
También explicó que desde el 24 de junio de 2021, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el uso de emergencia del fármaco desarrollado por Pfizer y BioNTech para ser administrado a mayores de 12 años y ya hay evidencia de su uso para mayores de 5 años.
“Los niños y adolescentes de nuestro país tienen derecho a la protección de la salud y no se les puede excluir de la vacunación contra el SARS CoV 2, máxime cuando existen vacunas autorizadas para aplicarse y, como se ha reiterado, hay dosis disponibles almacenadas”, insistió.
