Con dos meses en el poder, el presidente de Chile, Gabriel Boric, le dio un giro a su estrategia para abordar un problema histórico que, hasta ahora, ningún gobierno ha logrado resolver.

Férreo detractor del despliegue de militares en las zonas de conflicto en el sur de Chile donde las comunidades mapuches reclaman tierras como parte de una reivindicación ancestral, Boric decidió esta semana su militarización.

Lo hizo decretando un estado de excepción “acotado” que en la práctica implica la autorización para que militares custodien rutas y carreteras en la región de La Araucanía y en las vecinas provincias de Arauco y Biobío, epicentro de una crisis de seguridad que se ha agravado en las últimas semanas.

“Es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas, hemos sido testigos de cobardes ataques”, dijo la ministra del Interior, Izkia Siches, la noche del lunes.

“También hemos visto cortes extendidos de carreteras, que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas de nuestro país”, agregó, refiriéndose a las movilizaciones de transportistas exigiendo mayores medidas de seguridad.

La decisión es políticamente compleja, dado que en su campaña presidencial Boric había asegurado que de llegar al gobierno no tenía la intención de renovar el estado constitucional de emergencia que había decretado su antecesor, el derechista Sebastián Piñera, en octubre del año pasado y que, tras varias extensiones, rigió hasta marzo. Mientras las voces más duras lo acusan de haber traicionado aquella promesa electoral, los más moderados argumentan que este nuevo estado de excepción no es la réplica de las medidas tomadas por Piñera, puesto que solo está enfocado en la protección de las vías públicas y no establece operativos militares en las comunidades indígenas.

El “Plan B”

En las últimas semanas el mandatario de 36 años intentó que el Congreso aprobara un “estado de excepción intermedio”, una nueva fórmula jurídica que permitía el despliegue de militares para resguardar los caminos, sin tener que recurrir a la declaración de un estado de excepción constitucional.

Pero la propuesta, que no consiguió los votos necesarios (y ni siquiera tuvo el respaldo completo de su propia coalición), terminó desechada.

Es que en algunos sectores de la izquierda chilena, la utilización de militares, aunque solo sea para resguardar las vías públicas, es vista como una política que atenta contra la democracia y el respeto a las libertades individuales.

Fue en ese contexto que finalmente, a falta de una fórmula intermedia, el gobierno tomó la decisión de aplicar este “Plan B”, que no le entrega a las Fuerzas Armadas la facultad de controlar a las personas o acompañar a las fuerzas policiales al momento de hacer cumplir órdenes judiciales, pero que de todos modos utiliza la misma herramienta jurídica aplicada anteriormente para tratar el problema de la seguridad. ¿Una contradicción?

Con el respaldo ciudadano erosionado y los reclamos de camioneros y trabajadores forestales para que refuerce la seguridad en la zona, el gobierno tomó la difícil decisión de enviar a las fuerzas de seguridad.