POR CARLOS RAMIREZ
El asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la apartada zona tarahumara de Chihuahua ha sido el punto para catapultar con mayor dinamismo la demanda/exigencia de un cambio en la estrategia de seguridad gubernamental para terminar con el modelo de construcción de la paz que sea resumido en la frase de “abrazos, no balazos”. Sin embargo, la única opción sería regresar al combate frontal a balazos contra las bandas delictivas.
Solo para dar un ejemplo, un cambio de estrategia con el Cártel de Sinaloa sería organizar, con etapas previas de investigación de inteligencia, un operativo militar en forma para invadir las zonas que controla esta organización del Chapo Guzmán en Sinaloa, dirigida por sus hijos, y ejercer órdenes de aprehensión en medio de balaceras por la reacción previsible de los delincuentes.
Pero habría entonces el problema de tener alguna solución para combatir el mismo Cártel en cuanto menos una veintena de estados de la República donde domina y entonces el operativo se complicaría porque obligaría a utilizar toda la fuerza armada del Estado.
Y de modo natural y para evitar modelos de economía suma cero, de manera simultánea habría que atacar a todas las plazas que controla el Cártel Jalisco de Nueva Generación en alrededor de 30 estados de la República, de tal manera que el desmantelamiento del Cártel de Sinaloa no deje el camino libre para que el CJNG ocupe en sus territorios.
Pero el asunto no terminaría ahí. El gobierno mexicano tendría que presionar a la Casa Blanca para organizar operativos en los 44 estados de la Unión americana donde el tráfico de drogas está controlado por estos dos cárteles mexicanos y que mantienen relaciones operativas y de vinculación orgánica con sus sedes en México, para evitar que las organizaciones se aplasten en México sigan funcionando en Estados Unidos.
Como dato ilustrativo, habría que recordar el mensaje que dejó con mucha claridad el Cártel de Sinaloa en octubre de 2019 cuando las autoridades ejercieron una orden de aprehensión con vistas a la extradición en contra de Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo que controla toda el área productiva y distributiva de fentanilo en México y Estados Unidos. Arrinconado Ovidio en tu casa, el Cártel amenazó con estallar camiones bomba en zonas habitacionales de los militares en comisión, además desatar la violencia total en todo el estado.
Lo que queda de este escenario es una certeza: el Estado mexicano de 1984 al 2022 parece haber perdido la capacidad de ofensiva operativa contra los cárteles delictivos por la acumulación de incompetencias y complicidades que permitieron el fortalecimiento operativo y armado de las bandas de delincuentes. Los videos que gusta difundir el CJNG muestran la capacidad de organización de fuerza operativa de los delincuentes con acceso armas, uniformes y vehículos que son usados para su expansión criminal.
La alternativa –o nueva estrategia u otra estrategia– al modelo de construcción de la paz no es otra que la declaración de guerra que ya fracasó en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y la utilización de toda la fuerza del Estado para decretar –ahora sí– una guerra territorial y armada contra las bandas delictivas, comenzando con la localización y arresto de los principales capos que dirigen esas agrupaciones.
El Estado mexicano y sus fuerzas de seguridad tiene capacidad superior a las de las organizaciones delictivas y podría encabezar operativos de ofensiva para reducir a escombros las zonas donde viven los mandos delincuenciales, pero tendría que esperar una respuesta violenta de todas las fuerzas de los cárteles y bandas que han acumulado armas y dispositivos de guerra para usarlos contra quien quiera atacarlos o arrestarlos.
Todos hablan –y ahora la iglesia lo hace con singular énfasis– de que se tiene que cambiar la estrategia de seguridad, pero sin reconocer que la única estrategia alternativa es la de lanzar toda la fuerza del Estado para aplastar a las bandas criminales, aunque a costa de convertir el territorio nacional en una zona de combate de sangre y fuego.
Las exigencias de un cambio de estrategia de seguridad no han medido uno de los principios clave de toda guerra: cuidado con lo que se desea. La fuerza del Estado es muy superior a la de las bandas criminales, pero la respuesta delictiva tendría un costo mayor.
El Estado tiene salidas intermedias, pero son complementarias a las dos únicas opciones: la construcción de la paz o declaración de la guerra.
