Demian Márquez

El tema de la certificación de elementos policiales municipales, ha sido uno de los más delicados durante este primer año de los ayuntamientos, debido a los rezagos de la misma.

Ya que, un policía sin certificar, legalmente no puede trabajar como elemento activo, además que también repercute en la confianza por parte de la ciudadanía, al no tener certeza de aquellos que se encargan de velar por el orden.

En ese sentido, a casi un año de haberse establecido los cuerpos de seguridad en los 60 municipios, más del 60% de los dos mil 354 elementos de seguridad carecen de certificación.

De acuerdo con el secretario de gobierno, Sergio González Hernández, esto afecta en gran medida la procuración de justicia, ya que su actuación y las puestas a disposición estarían careciendo de certeza legal.

Lo que a su vez, proyecta percepción negativa ante la sociedad al dar la impresión que las autoridades no cumplen con su obligación de poner a disposición a quienes cometen algún delito.

En ese sentido, desde el gobierno estatal, han dotado de muchas facilidades para que los ayuntamientos cumplan a la brevedad esta obligación administrativa,sin embargo, algunos por no decir la mayoría, hacen caso omiso de esta solicitud.

Los alcaldes desconocen que también está negligencia trae repercusiones cómo posibles daños patrimoniales, esto fue explicado por el comisionado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (CESESP), Maximino Hernández Pulido.

El cuál, comentó que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) emitiera observaciones a la cuenta pública del 2021 de los 60 ayuntamientos por posible daño patrimonial, al pagar nóminas a policías sin comprobar que aprobaron los exámenes de control y confianza.

Como última medida, 57 municipios se comprometieron en un plazo de tres meses a cumplir con esta obligación, sin embargo no es muy claro si en este lapso de tiempo, se pueda atender un rezago de casi un año.