J. Molina

Jackqueline Ordóñez Brasdefer, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), aseveró que los alcaldes de Tlaxcala, deben garantizar la atención y cumplimiento que se les hizo desde el organismo autónomo por sus centros de prisión preventiva.
En recientes declaraciones, la ombudsperson reconoció que, hay puntos en las recomendaciones que no pueden atenderse a la brevedad y que muchas veces no pueden atenderse por deficiencia presupuestal, como es el caso de Panotla.
Sin embargo, sostuvo que los alcaldes, deben demostrar que las recomendaciones están siendo tomadas en cuenta para cumplirlas a mediano o largo plazo.
En el caso de la falta de recursos para atender peticiones por infraestructura, Ordóñez Brasdefer apuntó que, los alcaldes, podrían acreditar que en su anteproyecto de presupuesto para el próximo ejercicio fiscal se tiene consideradas partidas o aumentos presupuestales para atender esos puntos.
“Nos deben acreditar que hacen para cubrir esas necesidades, es decir, si están planteando en su anteproyecto de presupuesto una partida o una mejora a esas observaciones que se hacen, con eso, eso es acreditarlo”, contó la ombudsperson.
En ese sentido, comentó que lo validado por la CEDH es la disposición que tengan los ediles de hacer caso a las recomendaciones, para que los separos municipales cumplan con lo establecido por normativa.