Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aseguró que fue hasta finales de 2020 cuando se comenzó a incorporar información al expediente de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sobre las intervenciones en las comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos y autoridades.
“Existían procesos de intervención telefónica, existían monitoreos de comunicaciones de Guerreros Unidos y otras autoridades, existía una orden de realizar estas interceptaciones a personas que ya habían sido establecidas como parte de Guerreros Unidos”.
Explicó que “esos datos muestran sin lugar a dudas que se estaba llevando a cabo, durante los hechos del 26 y 27 de septiembre, pero también encontramos que desde atrás, es decir mayo y junio de 2014 cuando se detiene a Mario Casarrubias y a una persona que se le apoda El Biónico, estas intercepciones lo que permiten decir categóricamente es que las conocemos por orden del comandante supremo de las Fuerzas Armadas”.
Buitrago afirmó que ninguna de las comunicaciones e intercepciones fue incluida en el expediente inicial de la entonces Procuraduría General de la República, en 2014, sino que se tomaron en cuenta hasta principios de 2020, cuando les entregaron parcialmente unos datos, pero, dijo, la mayoría la información que se obtuvo de sanciones disciplinarias de los militares por omisión de información sobre la operación contra los normalistas, solo aparecieron con las revisiones físicas que se realizaron en archivo.
“Son 70 mil documentos más que permiten encontrar estas particularidades”; sin embargo, dijo que la búsqueda de la información en la Secretaría de la Defensa Nacional fue un punto positivo y necesario en la investigación del caso.
Indicó que las pruebas presentadas en el expediente por la FGR, que fueron llevadas a la Unidad de Investigación y Litigación y Juzgamiento, llevan más de dos años y medio de recolección.
“Esas pruebas no responden de ninguna manera al tema particular de lo vertido en el informe del 18 de agosto de 2022, ese informe se incorpora el 19 de agosto de 2022”.
Y añadió: Esos mensajes que existen ahí entre responsables durante los hechos o en fechas inmediatamente posteriores a los mismos, necesitan y se están haciendo la corroboración correspondiente a través de trabajo y verificación.
Las pruebas con las que cuenta el expediente penal estaban claras para los investigadores y para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes desde febrero de 2022, cuando se entrega este informe directamente al presidente de la República y al presidente de la Covaj”.
