DIRECTO AL GRANO



ELENA SÁNCHEZ SÁNCHEZ

GOBIERNOS MUNICIPALES IRRESPONSABLES PARA CUMPLIR CON LA CERTIFICACIÓN DE SUS ELEMENTOS POLICIACOS

El pasado 30 de septiembre terminó el plazo para que los municipios cumplieran con su responsabilidad de cumplir con la certificación de policías municipales para evitar cometer el delito de daño patrimonial de acuerdo a los lineamientos establecidos por las leyes Municipal y de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y de la que fueron notificados por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).

De acuerdo a las observaciones en la cuenta pública septiembre-diciembre 2021 que dio a conocer el OFS a los ayuntamientos es mínimo el número de elementos policiacos en los 60 municipios que cumplen con la certificación marcada por la normativa, sin que los alcaldes de todos partidos hayan hecho algo por solucionar la situación, pues ya llevan en el poder un año.

Resalta que las Auditorías de Desempeño que realiza el OFS a los municipios, se identificó que la mayoría de los policías no estaban certificados por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, lo que alertó el riesgo en el cumplimiento de sus funciones.

En las Auditorías Financieras 2021, se realizaron y notificaron a los municipios, observaciones de probable daño al patrimonio, por el pago de nóminas de policías que no contaron con la certificación de la evaluación, resultando observados mil 825 elementos de seguridad pública, equivalente al pago de 71 millones 983 mil 097 pesos, cantidad que resulta alarmante pues se trata de recursos públicos que son pagados elementos que con cumplen la ley, si de fácil y sencillo.
En propuestas de solventación de observaciones, los municipios presentaron avances de certificación y la firma del Convenio-Compromiso ante la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Cesesp) para que en un término de tres meses (julio-agosto-septiembre), regularizarán al personal de seguridad pública de sus municipios, en cuanto a los procesos de registro, exámenes de control de confianza y certificación, ahora toca que el OFS haga nuevamente la evaluación para evidenciar lo que es evidente.

Destaca que en la valoración de propuestas de solventación, se consideraron los avances y los compromisos establecidos a través del convenio, sin embargo, no se solventó la observación, sino se reclasificó de Probable Daño Patrimonial (PO) a Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS).

El OFS advirtió que del número de policías certificados que presenten al 30 de septiembre de 2022, en caso de no cumplir compromisos, se promoverá la responsabilidad que corresponda.

Los números son alarmantes pues el OFS tiene registrados en nómina de seguridad pública 2 mil 647 efectivos, mientas que la Cesesp cuenta con 2 mil 344 elementos, lo que representa una diferencia de 303 integrantes.

Asimismo, el OFS puntualizó que en 40 municipios pagaron a 268 oficiales que no fueron reportados al organismo, por lo que ya se tienen identificados a esos trabajadores reportados como policías.

En 16 municipios hay 35 personas que desempeñan otros cargos como radiooperadores, hasta médicos y únicamente coinciden con lo reportado Acuamanala, Hueyotlipan, Xiloxoxtla y Tzompantepec.

Ante esta situación, quienes serán directamente sancionados son los alcaldes de acuerdo a lo establecido en Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que es considerada una falta grave.

El artículo 57 de la citada norma refiere que incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios que causen perjuicio al servicio público.

Se considera para el procedimiento de responsabilidad directamente al presidente municipalante el incumplimiento al marco normativo. El artículo 41 fracción VII de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala “nombrar al personal administrativo del ayuntamiento conforme a los ordenamientos legales”. Perjuicio al servicio público: los elementos de la corporación de seguridad pública municipal, al no cumplir el requisito legal de certificación de evaluación de control de confianza, causa perjuicio al servicio público, al contratar personas que no cumplen con el perfil, generando una actuación deficiente en el ejercicio de las funciones de seguridad pública.

Las sanciones que prevé la Ley General de Responsabilidades Administrativas son la suspensión, destitución, sanción económica e inhabilitación, las cuales esperemos sean verdaderamente aplicadas.

Las Auditorías de la Cuenta Pública 2022 se iniciarán en breve, y de la revisión del pago de nóminas de Fortamun a policías, los municipios que reincidan en no acreditar la certificación de policías, se observarán como Probable Daño Patrimonial y se promoverán las responsabilidades que correspondan.

A la población únicamente son resta esperar a que se castiguen estas omisiones y que los ayuntamientos, y en especial los alcaldes se hagan responsables de la serie de irregularidades cometidas en materia de seguridad pública, uno de los rubros fundamentales para lograr un Tlaxcala de bienestar social y tranquilidad, estaremos muy atentos.

















para que los presidentes municipales culminaran la certificación de sus elementos de seguridad pública ya que, de lo contrario, estarían incurriendo en el delito de daño patrimonial, así lo advirtió Maximino Hernández Pulido, Comisionado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (CESESP).
En entrevista colectiva, el funcionario aseveró que este último día del mes se realizará un corte en el Centro de Control y Confianza ya que, “No a todos les vence la misma fecha porque fueron firmando convenios en días distintos… en su mayoría se vence (este día)”.
Max Hernández refirió que, al inicio de la actual administración estatal, del total de los elementos de seguridad pública municipal, sólo se contaba con el 10 por ciento certificados y se avanzó al 30, por lo que se dijo esperanzado de llegar, al menos, al 50 por ciento, en este plazo.
Lo anterior, acotó, “Es el reto que tienen los señores y señoras alcaldesas para que puedan cerrar bien sus finanzas, ya que finalmente es un tema de ejercicio presupuestal”, toda vez que, apuntó que las consecuencias por incumplir en dicha obligación, corresponderá al OFS designarlas.
“Por un lado está el tema de la responsabilidad administrativa que tendrá que imponer el Órgano de Fiscalización, no le toca al Gobierno del Estado hacerlo… el señalamiento es daño patrimonial, es un tema económico que tienes que resarcir al Estado… tiene repercusiones delicadas”, explicó.
Por ello, en cuanto al tema de seguridad, Hernández Pulido externó que habrá que revisar entonces cuál será el proceder de las y los alcaldes con los elementos que no pasaron su evaluación y que no están certificados.
Asimismo, adelantó que, tras el corte, “vamos a dar a conocer qué municipio cumplió y cuáles no, ya que la gente merece saber”, dijo. Además de que, recordó las anomalías que permean cuando un policía no cumple con obtener su certificación, por ejemplo, no puede portar armas ni poner a disposición a ninguna persona que haya incurrido en algún delito, entre otras.

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