Los partidos políticos chilenos acordaron reactivar el proceso para redactar una nueva constitución después de intensas negociaciones, el último intento de redactar una nueva carta después de que una primera propuesta fuera rechazada abrumadoramente en un referéndum de septiembre.
El nuevo proceso, que ambas cámaras del Congreso deben aprobar, incluye la creación de un consejo constitucional de 50 funcionarios electos y una comisión de 24 expertos. El Senado y la Cámara Baja designarán cada uno la mitad de los expertos.
El impulso para reemplazar el estatuto actual, que data de la dictadura de Augusto Pinochet, se produjo en respuesta a una ola de malestar social en 2019. A pesar de ese impulso, la propuesta original fue rechazada en el referéndum de septiembre en medio de temores de que frenaría el crecimiento, erosionaría controles esenciales sobre el poder y conducen a más gasto fiscal.
El éxito del nuevo plan se considera crucial para el presidente Gabriel Boric, cuyo índice de aprobación se ha desplomado al 31 por ciento, según la última encuesta de Cadem. Casi el 70 por ciento de los chilenos aún apoya una nueva constitución. “Valoro este acuerdo”, dijo Boric en comentarios televisados el martes. “Todos tuvimos que movernos de nuestras posiciones originales”.
La idea de que un panel de expertos estableciera los términos del debate fue inicialmente rechazada por algunos miembros de la coalición gobernante, mientras que la oposición deseaba evitar que se repitieran las propuestas radicales que captaron la atención en la convención constitucional anterior.
Los expertos
La comisión de expertos comenzará a trabajar en enero en una propuesta constitucional que servirá de base para el trabajo del consejo, dijo el lunes el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, en una conferencia de prensa televisada. Los miembros del consejo serán elegidos en abril y se deberá presentar un borrador en octubre. Un plebiscito final ocurriría en noviembre o diciembre del próximo año. El consejo tendrá paridad de género y asientos reservados adicionales para grupos indígenas.
