M. Hernández

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), tras casi un año, emitió un comunicado donde menciona que la policía estatal y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), violaron los derechos a la libertad de expresión, la legalidad, la integridad, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia de feministas durante la marcha el 8 de marzo del 2022.

Limitándose a emitir la recomendación 01/2023 dirigida también al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y a la Secretaría de Gobierno, en la que confirma que la SSC y la PGJE criminalizaron la protesta feminista y que no solo violentaron a las mujeres sino que evidenciaron que en los cuerpos de seguridad, que va desde los mandos hasta los elementos, no conocen de la actuación policial con perspectiva de género ni garantizaron el derecho a la libertad de expresión.

Por lo que solicitaron a dichas dependencias incorporar la perspectiva de género en los protocolos de actuación y garantizar la no repetición.

Asimismo, se solicitó la emisión de un Protocolo de Actuación Policial para la Seguridad y Atención de Manifestaciones en favor de los Derechos de las Mujeres para el Estado de Tlaxcala.

Mientras que a la recién estrenada Policía de género, solicitan que estos acrediten que cuentan con certificación en cultura de paz, igualdad de género y enfoque de derechos humanos.

A la Secretaria de Gobierno, le recomiendan elaborar un Plan estatal con perspectiva de género, que garantice el derecho de las mujeres a la protesta y coordinarse con el TSJE y la PGJE para revisar las carpetas de investigación sobre casos denunciados durante las marchas.

Finalmente a la PGJE y al Congreso local, se les recomienda instruir al personal para atender debidamente a las mujeres víctimas de delitos y dar cauce a las investigaciones pendientes.

Junto con la debida certificación de los ministerios públicos en materia de cultura de paz, igualdad y perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.