INE aprueba ruta para implementar Plan B a partir abril

El Consejo General del INE aprobó por unanimidad el plan de trabajo y cronograma, que contiene 17 acciones para llevar a cabo la reestructura y adecuación de normas para la implementación del Plan B de la Reforma Electoral, que se llevarán a cabo de abril a octubre.

El Comité Técnico para la implementación de la reforma electoral 2023, integrado por las siete consejerías que no se renuevan este año, será el encargado de emitir, a más tardar el 31 de marzo, los Lineamientos para la revisión, redimensionamiento y compactación de la estructura, que será la base para hacer estas modificaciones.

 

El INE apuntó que se deberán modificar un total de 361 unidades responsables que conforman el órgano electoral: 300 juntas distritales ejecutivas, 32 juntas locales, 10 unidades técnicas, seis direcciones ejecutivas, un órgano interno de control, una secretaría ejecutiva, diez consejerías locales y una presidencia.

El representante de Morena, Mario Llergo, acusó que el acuerdo no respeta los artículos transitorios de la Reforma Electoral, que establece que la nueva comisión de administración será la encargada de guiar estos trabajos, no el Comité Técnico creado por el INE.

Además, dijo que se cambian los plazos planteados en la reforma, pues estaba previsto a concluir en agosto, no en octubre,
“No les importa la ley, lo que importa son sus privilegios y sus pactos en lo oscurito. Hoy vienen con absoluto ego a torcer, una vez más, la voluntad popular sin importar que sea el pueblo el que manda”, señaló.

Enseguida, el diputado de Morena, Hamlet García, dijo que con la creación de una comisión de administración se busca darle un papel primordial a los consejeros en el manejo de los recursos, para que estas decisiones no caigan en una “cúpula”.

El legislador fue interrumpido en tres ocasiones por el consejero presidente, Lorenzo Córdova, por salirse del punto discutido, al exponer las irregularidades en las contrataciones del Instituto.

 

Al respecto, la presidenta del Comité Técnico, Claudia Zavala, sostuvo que tienen “una responsabilidad enorme, que tiene que ver con un análisis de organización estructural, pero también de derechos de las personas”.

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