Juana Martínez
Ante la presencia de colectivos feministas, los legisladores dieron salida a las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados Federal a fin de elevarlas a rango constitucional.
En esencia, las reformas tienen por objetivo evitar que los partidos políticos postulen a personas que hayan sido sentenciadas por violencia de género.
Lo anterior a fin de “incidir favorablemente en la ética pública y política, en beneficio de la sociedad en su conjunto, pues en este momento de la vida pública del país, no es suficiente con ser un servidor público eficiente, sino que se requiere que estos tengan un compromiso ético”.
Con dichas reformas se impedirá que personas prófugas de la justicia, con orden de aprehensión aspiren y ocupen un cargo público.
Asimismo, no podrán participar de la organización pública por tener por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la Intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades.
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