J. Molina

En días pasados, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) cumplimentó un total de cinco órdenes de aprehensión en contra de directivos y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resultado de diferentes líneas de Investigación que se abrieron por delitos como robo y extorsión.

Ante ello, la Secretaría de Gobierno (SEGOB) justificó y giró instrucciones a la propia SSC de hacer una revisión exhaustiva a todo el personal, tanto operativo, directivo y penitenciario de la Secretaría de Seguridad, para descartar perfiles no aptos o con viabilidad legal para ejercer el cargo.

En una reciente reunión, el titular de la SEGOB pidió al titular de la SSC hacer dicha revisión de la mano de la autoridad ministerial para depurar al personal con algún pendiente legal penal que pudiera desprestigiar a la dependencia encargada de la seguridad de la entidad.

Aunado a ello, bajo el argumento del margen legal rector del Gobierno actual, el secretario ordenó que el personal con alguna irregularidad o disposición para el no ejercicio de la función pública sea revocado del cargo sin distinción alguna.