Claudia Orozco

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la Recomendación 04/2023, dirigida a la Presidenta Municipal de Panotla, Felícitas Vázquez Islas, por el caso de violación a derechos humanos a la legalidad, honradez, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones.

Por parte de dos policías municipales y el comandante en turno del Departamento de Seguridad Pública y Vialidad municipal, por prestar indebidamente el servicio público por acciones u omisiones contrarias a los derechos de las personas privadas de su libertad.

La CEDH señala que el pasado 30 de noviembre de 2019, los elementos de seguridad municipal detuvieron arbitrariamente a una persona, señalada de herir con un arma punzocortante a un familiar, motivo por el cual fue trasladada a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde varias horas después fue puesta en libertad.

De acuerdo con el expediente de queja número CEDHT/PVG/62/2020, y de las investigaciones realizadas dentro de la misma por parte del personal de la CEDH, fueron evidenciadas diversas omisiones por parte de los dos elementos y el comandante de la policía municipal de Panotla.

Esto, en virtud de haber actuado de forma inadecuada en dicha detención, faltando así a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones.

Ya que la detención fue ilegal porque no hubo medios de prueba para la acreditación de la acción flagrante, incluso el Ministerio Público no encontró certeza de los hechos, por lo que al valorar todas las pruebas disponibles tuvo que ordenar la libertad de la víctima antes de que feneciera el término constitucional de 48 horas.

Por lo que los dos elementos de la policía y el comandante en turno, deberán ser sujetos de un procedimiento de responsabilidad administrativa ante el Consejo de Honor y Justicia Policial.

Así como la reparación integral del daño, atendiendo a las garantías de rehabilitación y compensación, por lo que deberá realizar las gestiones necesarias, además de una disculpa pública para la víctima, por las violaciones a sus derechos humanos.