Congreso, organismos autónomos y municipios, sin atender situación patrimonial



M. Hernández

El Poder Legislativo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Universidad Autónoma de Tlaxcala y al menos 12 municipios del estado, incumplen con informar sobre la situación patrimonial de las personas servidoras públicas que tienen a su servicio.

Además de los comités y códigos de ética, así como los informes de procedimientos de responsabilidad administrativa, de acuerdo con un reporte emitido por el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

Incluso, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP-Tlax) aún carece de Órgano Interno de Control.

Los municipios que incumplen son los correspondientes a Acuamanala, Altzayanca, Contla de Juan Cuamatzi, Cuapiaxtla, Hueyotlipan, Ixtacuixtla, Tlaltelulco, Tecopilco, Tepetitla, Tetlatlahuca, Tzompantepec y Tetla de la Solidaridad.

De acuerdo con el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, los órganos internos de control de las instituciones públicas iniciaron 688 procedimientos de responsabilidad, de los cuales 575 -que equivalen al 89 por ciento- resultaron procedentes y 66 improcedentes, mientras que 8 fueron sobreseídos y 2 se han turnado al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

La presunta responsabilidad de faltas administrativas inició, en 234 casos, por quejas o denuncias, en 156 por investigación de oficio y 543 derivadas de auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditorías externas.

El Informe del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala indica que los órganos internos de control calificaron 203 quejas como faltas administrativas no graves, en tanto que 9 fueron calificadas como faltas administrativas graves.

También señala que el Poder Judicial registra el mayor número de procedimientos de responsabilidad administrativa con 171, de los cuales 133 resultaron procedentes y 38 fueron improcedentes.

Los órganos internos de control sancionaron a un total de 107 de personas servidoras públicas por la comisión de faltas administrativas no graves.

De ese total 81 fueron amonestaciones públicas o privadas; 4 suspensiones del empleo, cargo o comisión; 2 inhabilitaciones temporales para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; y 20 inhabilitaciones temporales para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

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