Claudia Orozco
La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Tlaxcala no cuenta con protocolos de actuación y su personal no ha presentado los exámenes de control y confianza que garanticen su apego ético a las funciones de investigación contra el crimen.
Así lo reveló la Evaluación de las acciones contra el lavado de dinero en los estados, que publicó el Observatorio Nacional Ciudadano: Seguridad, Justicia y Legalidad.
El informe se concentra en analizar el desempeño de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) desde su creación e implementación.
En general, los resultados arrojó que a 10 años del lanzamiento federal para que los estados creen sus unidades de inteligencia financiera, las 32 unidades aún no tienen evidencia para medir sus resultados.
Para medir su funcionalidad, el Observatorio hizo una serie de preguntas a través de transparencia sobre el año de creación, las leyes que la sostienen, los reglamentos, el modo de operar, y los presupuestos y organización interna.
Los primeros hallazgos sobre la unidad en Tlaxcala es que no cuenta con un reglamento de operaciones desde su creación en septiembre de 2021.
Además que tampoco tiene un protocolo de operación, y de los 10 servidores públicos que integran la unidad, ninguno tiene, hasta octubre de 2023, el resultado de su evaluación de control y confianza.
Solamente cuenta con información sobre cursos de capacitación, estructura orgánica, presupuestos y la coordinación con la UIF federal, y respecto a carpetas de investigación, solamente han abierto dos desde 2021.
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