La presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca disertó la conferencia “Contexto actual de las personas en movilidad con perspectiva de género”

La presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Elizabeth Lara Rodríguez, aseveró que la migración no debe criminalizarse en el territorio nacional toda vez que ésta no se encuentra catalogada como un delito, además de que las leyes en la materia, establecen que tanto el gobierno federal, los estatales, municipales y todas las demarcaciones, están obligados a respetar sus derechos humanos.

Por ello, hizo un llamado tanto a las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como a la ciudadanía en general, a evitar trasgredir los derechos de los migrantes que, en su mayoría, solo se encuentran de paso por el territorio nacional, pues su objetivo es cruzar la frontera para internarse en los Estados Unidos de América.

Así lo manifestó, durante la disertación de la conferencia “Contexto actual de las Personas en movilidad con perspectiva de género”, que fue organizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDH) en coordinación con la Oficina para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el Estado de Tlaxcala (OPPDDHHyP), como parte de las actividades efectuadas por la conmemoración de los “16 Días de Activismo contra la Violencia de Género”.

Reunidos en las instalaciones del auditorio de la Dirección de Gobernación, la Ombudsperson de Oaxaca aseveró que no hay justificación jurídica para detener a los migrantes cuando transitan por el territorio nacional, aun cuando hagan uso del transporte público, pues la experiencia en este tipo de operativos, ha demostrado que cuando las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), recurren a este tipo de operativos, lo único que provocan es arriesgarlos a trasladarse a pie, acciones que eleva mucha los riesgos, pues son sujeto de abusos por parte de la delincuencia organizada, más aún, mujeres y niñas.

Aunado a lo anterior, refirió que debido el elevado número de migrantes que existen en el territorio nacional, se ha generado cierta xenofobia en su contra por parte de la población de los diferentes municipios y ciudades que se han convertido en su ruta migratoria, pues lejos de ser objeto de ayuda por parte de la población, ésta es la que se ha encargado de generar un desprecio contra los migrantes, provocando actos de racismo y discriminación.

Aunque esta situación se ha agravado, debido a la notable ausencia de las autoridades, pues a pesar de que la Ley de Migración es clara y precisa en cuanto a las obligaciones de las autoridades, nadie hace nada por ayudar a los migrantes, sobre todo a mujeres y niñas, por el contrario, vulneran sus derechos a través de detenciones arbitrarias que llegan a prolongarse por varias semanas, cuando la norma establece que como máximo deben permanecer en estos lugares 36 horas.

La presidenta de la CEDH, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, coincidió con su par de Oaxaca, al manifestar que se requiere una sociedad más justa y equitativa en el tema de la migración, por lo que reconoció a Elizabeth Lara el diálogo ofrecido en Tlaxcala para tener otra visión sobre los retos que enfrentan las personas en movilidad, especialmente las mujeres y niñas, para quienes se deben aplicar políticas públicas con perspectiva de género.

A su vez, el director de la OPPDDHHyP, Víctor Manuel Ávila García, dijo que el gobierno del Estado de Tlaxcala ha implementado acciones para evitar vulnerar los derechos de migrantes durante su paso por este territorio y reconoció que los organismos protectores de derechos humanos busquen visibilizar esta problemática.

En la conferencia se contó con la presencia de los consejeros consultivos Geovanny Pérez López y Emmanuel Sánchez Reyes; la directora de Atención a la Diversidad Sexual de la Secretaría de Cultura, Adil Aranzuvia; el director de la Casa del Migrante “La Sagrada Familia”, Sergio Luna Cuatlapantzi; directores de seguridad pública de diferentes municipios, así como personal y funcionarios de diferentes dependencias gubernamentales y ayuntamientos.