Juana Martínez
La designación de Arturo De Casa Vega como comisionado propietario del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP), así como de su suplente Jaime Martínez Sánchez se encuentran en la incertidumbre jurídica.
Pese a que el Congreso rindió protesta a De Casa Vega el pasado martes 12 de diciembre, la justicia federal logró un amparo a favor de David Cabrera Canales quien fue uno de los aspirantes a ocupar el cargo.
Dicho amparo no llegó a tiempo al Poder Legislativo, razón por la que dio por concluido el proceso de designación del nuevo comisionado.
Y aunque el Congreso, a través de la diputada presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP), Marcela González Castillo, argumentó que no había razones para suspender el proceso pese a la denuncia, hoy la designación está en vilo.
Será hasta que la justicia federal resuelva el caso dé por confirmado si el proceso es legítimo con la designación de De Casa Vega o que dicho nombramiento quedé anulado.
Cabe hacer mención que el denunciante Cabrera Canales obtuvo un porcentaje menor al 80 por ciento en la evaluación que realizó para ocupar el cargo, además de que dicho personaje ya ocupó el cargo de comisionado, mismo del que fue destituido junto Francisco Morones Servin y Marlene Alonso Meneses tras un juicio político por omisiones y mala práctica en su cargos.
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