LA NUEVA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

Lourdes Romero

Inicio mi comentario de esta semana reconociendo la importancia de actualizar nuestras instituciones. Modernizar las instituciones que sirven a las y los tlaxcaltecas es fundamental para garantizar que estén a la altura de las demandas de la ciudadanía.
Por eso, estimo que es de gran relevancia para Tlaxcala la reforma constitucional aprobada este martes en el Congreso del Estado para transformar la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en Fiscalía.

No se trata solamente de un cambio de nombre, sino de un rediseño de la institución del Ministerio Público en la entidad.
Es oportuno recordar que, a menudo, las limitaciones de las instituciones se relacionan, justamente, con el rezago de su normatividad.
Y así como es cierto que los ciudadanos pueden hacer todo lo que la ley no le prohíbe, también lo es que las autoridades sólo pueden hacer todo lo que la ley les faculta, de modo que, si las instituciones no cuentan con un marco jurídico actualizado, en esa medida, también se verán impedidas para responder a las expectativas ciudadanas.

En ese sentido, estimo que la decisión de la mayoría de las y los diputados locales, de modificar la Constitución estatal para crear la Fiscalía General de Justicia (FGJ), es un paso significativo para mejorar la procuración de justicia en la entidad, tal y como lo marca el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.

No hay que olvidar que Tlaxcala era uno de los pocos estados en México que mantenía la PGJ como una dependencia del Poder Ejecutivo, precisamente, por los últimos gobiernos se negaron a hacerlo.

Sin embargo, fue hasta este sexenio que hubo las condiciones adecuadas para lograr la reforma que crea la Fiscalía General de Justicia del Estado con la naturaleza de un órgano autónomo.

Hace unos días, la Secretaría de Gobierno (Segob) había reconocido el interés de la LXIV Legislatura local por concretar esta reforma constitucional, y ahora, este proyecto ha salido adelante con la voluntad política, no solamente del Poder Legislativo, sino también del Ejecutivo, que, en años recientes, ha hecho de la seguridad y la justicia temas de atención prioritaria para el desarrollo estatal.

La aprobación de esta reforma, que ha sido enviada a los ayuntamientos para que cuente con el aval de los Cabildos, implicará el sistema de justicia penal funcionará bajo parámetros más adecuados de imparcialidad, independencia, certeza y seguridad jurídica, en beneficio de la sociedad tlaxcalteca. Pero también, que Tlaxcala atenderá ya las recomendaciones de organismos internacionales para dotar de autonomía a la Fiscalía, que sustituirá a la actual PGJ.

La modificación a la Constitución local anticipa que la nueva Fiscalía deberá iniciar operaciones a más tardar el 1 de agosto de 2024, y que se deberá expedir la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado antes del 30 de junio, lo que significa que los poderes Ejecutivo y Legislativo colaborarán para asegurar un adecuado proceso de transición en los próximos meses.
Que la autonomía del Ministerio Público sea el comienzo de mejores condiciones para el progreso eficaz del sistema de justicia penal en Tlaxcala.