Sandra López
* Renato Sánchez violó garantías de una regidora del ayuntamiento y debía ofrecer disculpa pública, pero se niega a hacerlo
A tres meses de que concluya el gobierno municipal de Renato Sánchez Rojas en Ixtenco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) solicitó al Congreso del Estado su comparecencia para que explique ante los legisladores su negativa de cumplir una recomendación emitida en octubre de 2023 por violaciones a las garantías de una regidora del ayuntamiento.
En su momento, el organismo autónomo lo señaló de violentar a una regidora a vivir una vida libre de violencia laboral y psicológica. También le violentó sus garantías de legalidad, seguridad jurídica y derecho a la protección de datos personales.
Fue la presidenta de la CEDH, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, quien solicitó la comparecencia del presidente municipal a través del oficio CEDHT/P/290/2024. En este, la ombudsperson solicita que se dé cumplimiento al artículo 96 párrafo tercero de la Constitución Política local, y conforme a las atribuciones del Congreso se llame al alcalde para que comparezca ante el órgano legislativo y explique de forma fundada el motivo de su negativa para cumplir la recomendación 05/2023.
Dicho párrafo establece que “todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le presente la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. El Congreso del Estado podrá llamar, a solicitud de este organismo, a las autoridades o servidores públicos responsables, para que comparezcan ante dicho órgano legislativo, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa”.
Cabe recordar que en octubre de 2023, el presidente municipal de Ixtenco, Renato Sánchez Rojas, recibió la recomendación 05/2023 emitida por la CEDH, que le acreditó que el 27 de septiembre de 2021 y en fechas posteriores, la regidora sufrió una serie de acciones para ser ignorada, invisibilizada y obstaculizada en su trabajo, al grado de perderse algunos beneficios que había gestionado para la población.
En esa recomendación la CEDH solicitó al Órgano de Control Interno del ayuntamiento de Ixtenco iniciar una investigación, sustanciación y calificación del hecho, además de que el presidente municipal debía cumplir con la reparación integral del daño, , tanto en el aspecto económico como psicológico, además de que debía ofrecer una disculpa pública como garantía de satisfacción para la víctima. Sin embargo, el alcalde se ha negado a hacerlo no aceptando la recomendación del organismo.
