Entre la población que se identifica como parte de la comunidad LGBT+ sólo una cuarta parte tiene acceso a instituciones públicas de salud, como el IMSS, el ISSSTE o las unidades para trabajadores de las fuerzas armadas.
Muchos de sus derechos humanos y sociales son violentados debido a estigmas, estereotipos y discursos de violencia; el acceso a la salud es uno de los más limitados para esta comunidad.
En México, se observa que casi la mitad de la población que se identifica con alguna de las letras LGBT+ se atiende en unidades privadas, ya sean consultorios de farmacias o clínicas y hospitales particulares.
Apenas el 26% de esta población tiene afiliación a instituciones de salud pública (IMSS, ISSSTE, Ejército Nacional, Marina o Pemex).
De acuerdo con cifras del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), todavía 2 de cada 10 personas LGBT+ no pueden costear la salud y acuden a unidades médicas del antes Seguro Popular, ahora Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar).
