* El Congreso local determinó no ratificarla por carecer de eficiencia y honestidad invulnerable; “en su momento demostraré que actué con eficiencia y apegada a la legalidad”, sostiene
Con el argumento de fortalecer al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado, la magistrada María Isabel Pérez González determinó no impugnar el acuerdo de la actual Legislatura que determinó no ratificarla en el cargo.
Pese a ello, subrayó que llegado el momento demostrará que su actuar como magistrada se apegó a la legalidad, eficiencia, rendición de cuentas y honestidad, contrario al resolutivo emitido por el Congreso local, que adujo que la magistrada carecía de buena fama, honorabilidad, eficiencia, rendición de cuentas y honestidad invulnerable para ser ratificada como magistrada.
La magistrada aseveró que durante los seis años de su desempeño tuvo una efectividad del 93.6 por ciento en sus resoluciones, pues sólo nueve de sus 508 sentencias fueron revocadas.
Incluso, destacó que su efectividad se elevó en el rubro de acuerdos, pues de los 7 mil 867 emitidos durante su periodo, logró mantener un bajo porcentaje en el índice de impugnaciones con 36 amparos, de los cuales únicamente fueron concedidos seis, cifra que representa una efectividad del 99.7 por ciento.
“Del 17 de septiembre de 2018 al 17 de septiembre de 2020, y del 14 de octubre de 2021 al 17 de septiembre de 2022, fungí como presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa y durante mi gestión se efectuó un manejo responsable de los recursos financieros y materiales. Eso hizo que el Órgano de Fiscalización Superior no advirtiera, durante la revisión de las cuentas públicas de esos años, irregularidades relacionadas con el indebido ejercicio de recursos”, afirmó
Además, dijo que también logró obtener una calificación aprobatoria de 100 puntos en el Programa Anual de Verificación de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021, evidenciando con ello su compromiso que tiene con la ciudadanía tlaxcalteca de eficientar el ejercicio del gasto público apegándose a los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina financiera.