* Acusa que el ITE no fue exhaustivo en el procedimiento diseñado para el retiro de la propaganda, pues no explica la manera en que estimará costos
Inconforme con el procedimiento aprobado por el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) interpuso un recurso de impugnación respecto del procedimiento para el retiro de propaganda política utilizada durante el proceso electoral de este año.
El partido sostiene que el ITE no está siendo exhaustivo en el procedimiento diseñado para el retiro de la propaganda, pues en el oficio mediante el que se solicita apoyo y colaboración de los ayuntamientos, la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización del ITE adjuntará una lista de costos estimados para el retiro de propaganda, sin señalar la manera en la que se realizará la estimación de esos costos”.
En tal sentido, afirma que la estimación de los costos por parte de la Dirección de Prerrogativas del ITE es ilegal, pues no se encuentra dentro de sus facultades dentro de la ley electoral.
Además, apunta que si bien los partidos politicos son corresponsables del retiro de propaganda, ésta fue colocada por las candidatas y candidatos, por lo cual el Consejo General del ITE debió también establecer la obligación para ellos de retirar la que colocaron, sobre todo considerando que algunos de estos ciudadanos fueron electos para ejercer cargos públicos.
Asimismo, el PVEM subraya que al tratarse de disposiciones cuyo objetivo es sancionar a los partidos políticos mediante el descuento de sus prerrogativas, el procedimiento aprobado por el organismo electoral establece que se iniciarán, de oficio, procedimientos sancionadores, lo cual puede resultar en una doble sanción, no prevista por la ley para los partidos.
En ese argumento, señala que esa doble penalización no solo afectaría las prerrogativas de los partidos políticos, sino que también tendría un impacto negativo en su funcionamiento al verse involucrados en procedimientos sancionadores que resultan contrarios al principio de economía procesal.