La política energética de la actual administración federal ha costado 1.867 billones de pesos (bdp) a la actual administración y en caso de que el gobierno entrante la continúe, le costaría 2.195 billones de pesos o 1% del Producto Interno Bruto (PIB) año con año, entre 2024 y 2030, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Según el documento “Política energética. Retos fiscales 2024-2030” del CIEP, la siguiente administración enfrentará una serie de retos fiscales en la implementación de su política energética, además de que heredará elevados costos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“La continuidad de la política energética, junto con la implementación de las nuevas propuestas, representa un desafío para las finanzas públicas del país”, asegura César Augusto Rivera de Jesús, investigador del CIEP y autor del documento.

El investigador dijo que la política energética de la administración actual se ha basado en tres pilares: apoyos a Pemex mediante aportaciones patrimoniales y deducciones fiscales; la participación mayoritaria de la CFE en la generación de energía eléctrica en México, así como los subsidios a las tarifas eléctricas.

“El costo de la continuación de estas tres políticas en el sexenio sumaría un monto total de 2 billones 195,000 millones de pesos. Es decir, cada año se tendría que destinar 1% del PIB. A esto se deben añadir los gastos ineludibles del sector, como los gastos operativos, de mantenimiento de infraestructura, financieros y de pensiones”, destaca.

El autor señala que si se mantienen los apoyos a Pemex, por ejemplo, el costo en el siguiente gobierno sería de 1 billón 371,000 millones de pesos: 921,736 millones por aportaciones patrimoniales y 449,960 millones por cobrar una tasa del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) reducida de 40% (desde 58% que se establece en la ley).

Mientras que para mantener la participación de la CFE en el mercado de generación eléctrica en un nivel de 54%, se deberían realizar inversiones por 245,680 millones de pesos en nuevos proyectos para añadir 13,660 Megawatts (MW) a la capacidad de la Comisión.

A esto se sumaría el fortalecimiento del servicio de transmisión y distribución que presta la CFE, para lo cual el próximo gobierno realizaría inversiones por 55,412 y 5,259 millones de pesos, respectivamente.

Asimismo, si se mantienen los subsidios a las tarifas eléctricas, que se han otorgado en los últimos años, representaría un costo para el próximo gobierno federal de 517,000 millones de pesos.

Rivera de Jesús afirma que la política energética de la próxima administración enfrentará el desafío de retomar el camino hacia una transición energética (del cual se desvió México en este gobierno, argumenta), pero con sostenibilidad fiscal.

Señala que el inicio de este proceso será complejo, ya que para el 2025 se anticipa un ajuste importante en el gasto neto ante la consolidación fiscal que ha planteado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el déficit históricamente alto con el que cerrará el gobierno actual.

“No obstante, alcanzar los objetivos propuestos por la nueva administración requerirá de mayores recursos públicos. Ante ello, la propuesta de flexibilizar la participación de la inversión privada podría aliviar la presión de las finanzas públicas”.