Sandra López
* La falta de coordinación entre municipios, COEPRIS, SESA y FGJE afecta un enfoque integral a personas usuarias
Entre los 60 ayuntamientos del estado, la Secretaría de Salud, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) y la Fiscalía General de Justicia del Estado, existe un descontrol en el número total de centros de rehabilitación en territorio estatal, así como una falta de articulación y comunicación, lo que se traduce en un desajuste en la atención, debido a que cada institución trabaja con los datos que posee, dejando de lado un enfoque integral hacia las personas usuarias.
Lo anterior forma parte de las conclusiones a las que llegó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en su Informe Especial sobre la Situación de los Centros de Rehabilitación en el Estado de Tlaxcala, cuyo objetivo fue observar el cumplimiento de la dignidad de las personas en esos centros de rehabilitación de alcoholismo, tabaquismo, drogadicción y otras adicciones.
“Existe un descontrol sobre el número total de centros de rehabilitación: mientras los ayuntamientos reportan 21, COEPRIS señala 41 y la Secretaría de Salud 31. Esta falta de coherencia genera un desajuste en la atención, ya que cada institución trabaja con los datos que posee, dejando de lado un enfoque integral hacia las personas usuarias”, señala el informe especial.
El organismo autónomo si bien precisa que el Estado, en ciertos casos, puede permitir que entidades particulares asuman la responsabilidad de garantizar determinados servicios, como sucede con los centros de rehabilitación, el mismo Estado tiene la obligación de materializar el derecho a la salud y prevenir la tortura, los malos tratos crueles, inhumanos o degradantes, sin embargo, tal delegación ha generado una división de facultades que no siempre se vinculan adecuadamente entre instituciones.
“Los ayuntamientos emiten licencias de funcionamiento, la COEPRIS inspecciona las condiciones sanitarias, y la Secretaría de Salud supervisa los tratamientos mediante capacitaciones e inspecciones. No obstante, este trabajo conjunto carece de un mecanismo claro de coordinación, lo que genera una fragmentación en las responsabilidades”, indica.
En ese sentido, como parte de un monitoreo para prevenir la tortura, la CEDH identificó en los últimos meses la necesidad de reforzar la supervisión de los centros de rehabilitación en el estado, pues a pesar de que los ayuntamientos, COEPRIS y SESA cuentan con estrategias de autorización, supervisión y, en su caso, cancelación, “las discrepancias en el número de centros reportados evidencian una falta de control que afecta la calidad de los servicios brindados”.
Al respecto, el informe especial apunta: “Este organismo autónomo tuvo conocimiento de hechos graves en algunos centros de rehabilitación, lo que dio lugar a una denuncia ante el Ministerio Público por actos que posiblemente constituyen delitos. Estos casos subrayan la importancia de un trabajo articulado entre las instituciones involucradas en la autorización y supervisión de los centros de rehabilitación. Cualquier violación a los derechos humanos en estos centros no solo compromete la integridad de las personas usuarias, sino que también pone en entredicho la capacidad del Estado para cumplir con sus deberes de supervisión y protección”.
De acuerdo con el informe especial elaborado por la CEDH, la COEPRIST tiene 13 municipios con registro de Centros de Rehabilitación: Chiautempan, Apizaco, Calpulalpan, Cuapiaxtla, Huamantla, Hueyotlipan, Papalotla, San Pablo del Monte, Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, Tlaxco, Totolac, Xaloztoc.
Por su parte, en la lista de SESA los 15 municipios son los de Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, Huamantla, La Magdalena Tlaltelulco, Papalotla, Zitlaltepec, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tetlatlahuca, Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, Tlaxco, Xaloztoc, Yauhquemehcan, Zacatelco.
A su vez, los 13 municipios donde hay establecimientos de Centros de Rehabilitación, son los de Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, Huamantla, Muñoz de Domingo Arenas, San Pablo del Monte, Tenancingo, Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala, Xaloztoc, Yauhquemehcan, Zacatelco, Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos.
“De la información previamente descrita, se nota que hay una disparidad en el número de registros. Aún cuando hay dos instituciones con 13 coincidencias, la realidad es que no son los mismos municipios que se reporta”, precisa el organismo.
Si bien el organismo autónomo reconoce que los esfuerzos de capacitación y promoción de la salud mental son un buen inicio, considera que esos esfuerzos deben “expandirse” para cubrir más ampliamente a las personas que trabajan en estos centros.
En ese sentido, subraya que “es necesario fortalecer y aumentar los programas de capacitación y promoción de la salud mental para que todo el personal involucrado esté debidamente capacitado en el respeto a los derechos humanos y en el manejo adecuado de personas con problemas de adicción”.
En el tenor de las recomendaciones, la CEDH emitió siete, entre las cuales destacan fortalecer la Red Municipal de Salud Mental y Comportamiento Adictivo para garantizar una adecuada atención a las personas en los centros de rehabilitación; establecer representantes municipales y un procedimiento homologado para la supervisión permanente; y una estrategia Interinstitucional para la mejora integral de los centros de rehabilitación y la protección de personas en situación de vulnerabilidad.
Cabe destacar que el informe especial fue remitido a la actual Legislatura “con el propósito de que, en caso de considerarlo necesario, se generen las condiciones legislativas pertinentes”, sobre todo porque “es importante que se adecuen las normas en la materia, específicamente la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala, la Ley de Salud Mental y del Comportamiento Adictivo del Estado de Tlaxcala y la Ley de Protección Civil para el Estado de Tlaxcala”.