* La diputada Soraya Bocardo propuso que en casos de flagrancia de maltrato en establecimientos, esté justificado el ingreso de policías sin orden judicial; municipios estarían obligados a realizar campañas para censar animales
Al afirmar que el respeto por la vida y el bienestar de los animales se ha convertido en un tema central dentro de las sociedades modernas, la diputada Soraya Noemí Bocardo Phillips propuso una serie de reformas, adiciones y derogaciones de diversos artículos y fracciones de la Ley de Bienestar Animal del Estado del Tlaxcala, dentro de las cuales plantea la creación de cedulas policiacas de vigilancia animal bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que serán las encargadas de ser el primer respondiente en atender a las necesidades de protección y rescate de animales en situación de riesgo o abandono y en apoyo a la Coordinación de Bienestar Animal.
La iniciativa también plantea que los municipios deberán realizar campañas para censar animales domésticos y de compañía protegidos por las leyes en la materia, que se encuentren en su jurisdicción. Para ello, deberán establecer programas para que los dueños, propietarios o responsables los registren y cuenten con un carnet que les acredite dicha personalidad, así como para informarles, de las obligaciones que deben de cumplir, y de las posibles sanciones que pueden ser objetos de acuerdo a lo establecido en esta Ley.
Además, propuso que la secretaria de Educación Pública implemente desde las escuelas una cultura de respeto a los animales y de prevención de maltrato, y que la Secretaria de Medio Ambiente refuerce la difusión de sus acciones y programas a la población y centros de trabajo sobre la protección animal.
“Estas reformas no solo responden a un compromiso ético y moral con los seres que nos rodean, sino que también fortalecen nuestra identidad como un estado que valora la vida y el respeto por todos los seres vivos. Estas reformas solo son un paso hacia la construcción de una sociedad más justa, compasiva y sostenible”, dijo al explicar el contenido de su iniciativa.
Así, entre las nuevas facultades que tendría la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre el tema, estarían las de integrar, equipar y operar las cedulas policiacas de vigilancia animal, para ser los primeros respondientes en atender a las necesidades de protección y rescate de animales en situación de riesgo y/o abandono, estableciendo una coordinación interinstitucional para implantar operativos en esta materia y coadyuvar con asociaciones civiles, municipios y la coordinación del bienestar animal, en la protección, rescate y canalización de animales a centros de atención y refugios.
Asimismo, retirar animales que sean usados en actos que atenten en contra de su integridad o dignidad incluyendo manifestaciones o plantones; impedir y remitir ante la autoridad competente a los infractores que celebren y promuevan peleas de perros; además de realizar operativos en mercados y establecimientos que se tengan identificados y se dediquen a la venta de animales, a fin de detectar posibles anomalías y garantizar la protección de los animales que ahí se comercialicen.
No solo eso, sino que también propuso que en casos de flagrancia de maltrato en ese tipo de establecimientos, “estará justificado su ingreso a un lugar cerrado sin orden judicial cuando sea necesario”.
Bocardo Phillips refirió que expertos en psicología forense han advertido que el maltrato animal es, en muchos casos, un indicio temprano de trastornos psicopáticos o sociopáticos, y que tales conductas reflejan una falta de empatía que puede ser un precursor de crímenes más graves.
Por otra parte, durante la sesión legislativa de este martes, el diputado Jaciel González Herrera, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.
Lo anterior, a fin de que los municipios y el estado cuenten con programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano como instrumentos para propiciar un desarrollo integral y ordenado, que permita un equilibrio entre lo urbano y lo rural, sin dejar de lado la protección del ambiente y los derechos humanos de la sociedad.
Todo lo anterior, en consecuencia, deberá estar contemplado dentro de los presupuestos respectivos.
