Avalan diputados, en el Código Financiero, nuevas obligaciones y derechos que brinda el Estado

P.Sánchez
* Se crean licencias para conducir para ambulancias, vehículos de emergencias, de instituciones de protección civil y seguridad pública, así como el impuesto del 2 por ciento a hospedaje contratado por aplicaciones; se suman algunos servicios otorgados por la Secretaría de Educación Pública
La Cámara de Diputados aprobó este martes una serie de reformas y adiciones al Código Financiero para el estado de Tlaxcala y sus Municipios, dentro de las cuales se amplía la base contribuyente y se avala la creación de nuevas obligaciones y el cobro de derechos por servicios que brinda el Estado.
De acuerdo con lo aprobado, entre esos cobros destaca la creación de licencias para conducir para ambulancias, vehículos de emergencias, de instituciones de protección civil y seguridad pública y la aplicación del impuesto del 2 por ciento a hospedaje contratado por aplicaciones.
También se encuentran en la lista algunos servicios otorgados por la Secretaría de Educación Pública del Estado, tales como la expedición de carta de pasante, corrección de certificados de educación básica y exámenes extraordinarios a particulares.
Los legisladores aprobaron, en todos sus términos, la iniciativa de Código Financiero enviada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, que fue incluida dentro del paquete económico para el ejercicio fiscal de 2025.
El dictamen aprobado por los legisladores reconoce que la iniciativa del Ejecutivo busca fortalecer la recaudación, garantizar la legalidad y otorgar certeza jurídica a los contribuyentes.
En ese sentido, fueron creadas crean las licencias para conducir “tipo E” para ambulancias, vehículos de emergencias, de instituciones de protección civil y seguridad pública y licencia para conducir “tipo F”, para el servicio de transporte público de carga, ambas con vigencia de dos años, las cuales tendrán un costo de 9.5 Unidades de Medida y Actualización (UMA´s).
También se aprobó que la Dirección de Ingresos y Fiscalización del gobierno estatal implemente la creación del registro de personas físicas con carácter de gestor autorizado para trámites vehiculares, con vigencia de un año, el cual tendrá un costo de 25 UMA´s, quienes podrán realizar diversas tareas ante dicha dependencia a nombre de particulares.
Asimismo, entre lo aprobado destaca el cobro de algunos derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Educación Pública del Estado. Entre ellos se enlistan: la expedición de Carta de Pasante por 2 UMA´s; corrección de certificados de educación básica por .30 UMA´s; equivalencia de estudios por ciclo escolar por 5 UMA´s; examen extraordinario a particulares por .25 UMA´s; expedición de duplicados de certificado de educación básica .30 UMA´s; inscripciones de nivel medio y superior a particulares por 2 UMA´s; y revalidación de estudios de educación media superior por 2 UMA´s.
El cobro del 2 por ciento de impuesto por la obtención de los servicios de hospedaje, alojamiento o albergue que se contraten mediante plataformas digitales es una de las adecuaciones más importantes en el Código Financiero.
En ese sentido, como plataforma digital se definió a “la aplicación tecnológica mediante la cual una persona física o moral administradora del programa informático, opera en su carácter de gestor, intermediario, promotor, facilitador o cualquier otra actividad análoga, para permitir a los usuarios contratar servicios de hospedaje con terceros a través de dispositivos fijos o móviles”.
El Pleno del Congreso también avaló el cobro de impuesto por el cambio de giro en las licencias de funcionamiento de negocios con la venta de bebidas alcohólicas o por el traspaso o cambio de propietario
“Al observar la realidad y el entorno social y económico de nuestro Estado, se advirtió que muchos establecimientos han realizado cambios de domicilio o giro, lo cual favorece la venta de licencias de funcionamiento de particular a particular, propiciando la corrupción, por lo que, con la finalidad de no ser copartícipe de esas malas prácticas, se establece el concepto de cobro de derechos por dicho motivo”.

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