P. Sánchez
* La extorsión, la producción, importación y exportación de drogas sintéticas como el fentanilo, el contrabando y cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales falsos, se añaden al catálogo de delitos graves
Por mayoría de votos, el Congreso del Estado avaló este jueves la minuta de reforma al artículo 19 constitucional, que añade al catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa la extorsión, la producción, importación y exportación de drogas sintéticas como el fentanilo, además del contrabando y cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales falsos.
Las diputadas del PAN y del PRD votaron en contra de la minuta, al afirmar que se trata de una enmienda que atenta contra los derechos humanos y violenta tratados y convenios internacionales firmados por México.
Fue el diputado petista Silvano Garay Ulloa quien defendió la enmienda constitucional al pedir el beneficio de la duda a la reforma constitucional, pues consideró que la presunción de inocencia “no ha servido, y si esto no funciona, se puede volver a reformar”, por lo cual pidió no censurarla hasta ver su impacto en el país.
Sin embargo, la diputada panista Miriam Martínez Sánchez afirmó que reforma atenta contra los derechos humanos y la presunción de inocencia.
En ese sentido, refirió que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), cuatro de cada 10 personas en prisión están privadas de su libertad sin sentencia, “lo que demuestra que la prisión preventiva oficiosa es perniciosa y contraria a derechos humanos, además de que en muchos casos se convierte en una pena anticipada que puede durar más que la pena que le corresponde al propio delito que se imputa a una persona”.
La perredista Laura Yamili Flores Lozano también sumó al rechazo a la reforma, al sostener que ésta es “una incongruencia y un contrasentido, toda vez que, aun y cuando puede haber excepciones al principio de presunción de inocencia para determinados delitos, aplicándose lo que se llama prisión preventiva justificada, la presunción de inocencia es relegada a un segundo plano”.
La coordinadora del PRD, Blanca Águila Lima también votó en contra al asegurar que la reforma no solo perpetúa un modelo punitivo que vulnera derechos humanos, sino que pone en riesgo la presunción de inocencia, piedra angular de nuestro sistema de justicia penal”.