Plantean incluir en Código Penal el delito del acecho por atentar contra la libertad e intimidad

P. Sánchez
* También proponen incluir en la Constitución Política el derecho a la movilidad como derecho humano
Diputadas de los grupos parlamentarios de Fuerza por México, PT y Morena propusieron este jueves, por separado, diversas iniciativas para tipificar el delito de acecho, para incluir en la legislación el derecho a la movilidad y para proponer un exhorto a los 60 ayuntamientos a fin de que las autoridades municipales consideren la implementación de programas o políticas públicas orientadas a la instalación de tecnología fotovoltaica en los pozos de extracción de agua, a fin de disminuir los costos de energía eléctrica.
La diputada de Fuerza por México, Anel Martínez Pérez, planteó reformar el Código Penal para tipificar el delito de acecho a quien de manera reiterada siga, vigile o se comunique persistentemente con alguien en contra de su voluntad, pues ello atenta contra su tranquilidad, libertad, intimidad y seguridad.
La propuesta es castigar con penas de “un año a dos años de prisión y multa de 500 a mil unidades de medida y actualización (UMA’s) a quien aceche a una persona de manera insistente y reiterada, llevando a cabo cualquiera de las conductas siguientes: la vigile, la persiga o busque su cercanía física; establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación o por interpósita persona; atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella; y realice conductas tendientes a que la víctima o cualquier persona con quien mantenga lazos de parentesco o amistad sufra daños en su persona o bienes, o que mantenga esas acciones con el fin de mantener intimidada a esa persona”.
La congresista argumentó que, en Tlaxcala, el acecho pone en riesgo la vida de quienes lo viven de manera cotidiana, por lo cual propuso reformar y adicionar al Código Penal de Tlaxcala para incorporar está figura como un delito autónomo y diferenciado a los que ya existen.
Subrayó que no existe en las legislaciones penales, tanto federal como local, la tipificación y sanción del delito de acecho, excepto en los estados de Guanajuato, Coahuila y Tamaulipas donde se sanciona con pena privativa de la libertad de tres meses a dos años y sanción pecuniaria de cinco a 20 días de multa. Además, refirió que el delito se persigue por querella.
Martínez Pérez aseguró que en los últimos años se ha registrado un aumento alarmante en los casos de acoso sexual hacia mujeres, tanto en espacios públicos como privados, lo que no sólo representa una amenaza para la seguridad de las mujeres, sino que también perpetúa una cultura de miedo y control que limita libertad y autonomía.
Por su parte, la diputada petista Maribel Cervantes Hernández propuso hacer un exhorto a los 60 ayuntamientos para que éstos consideren la viabilidad de destinar presupuesto o bien, diseñen programas o políticas públicas destinadas a implementar, gradualmente, el uso de tecnologías fotovoltaicas en los pozos de extracción de agua, ya sea para uso doméstico o agrícola, debido a que esto ayudará a reducir considerablemente el monto a pagar en los recibos de energía eléctrica.
“Diversos estudios sugieren que el beneficio económico puede llegar a ser del cien por ciento del recibo eléctrico, aunque esto dependerá del tipo y capacidad del sistema que se llegara a instalar, el tipo de aplicación, el espacio necesario para realizar la instalación y la capacidad de inversión”, explicó.
En tanto, la diputada morenista Madai Pérez Carrillo propuso adicionar la fracción XII al artículo 26 de la Constitución política local para “reconocer el derecho a la movilidad como un derecho humano”, pues tendría implicaciones en los órdenes de gobierno estatal, municipal y comunitario en el ámbito de sus respectivas facultades, para la adopción de nuevos esquemas de urbanización, leyes, reglamentos, programas y políticas públicas, tendiente a garantizar el ejercicio de este derecho.
“Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, igualdad y con perspectiva de género. Los peatones, conductores de vehículos impulsados por tracción humana y usuarios de transporte público serán prioritarios en la política de movilidad sustentable y sostenible”, planteó.
Las propuestas de las diputadas fueron turnadas a diferentes Comisiones del Congreso local para su estudio y análisis.

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