Redacción

A dos años de entrar en vigor la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Tlaxcala, persisten  las omisiones en la materia, lo que ha derivado en casos de maltrato y crueldad animal que no han sido sancionados.

El OCPA señaló que hasta la fecha el gobierno estatal no ha expedido el reglamento de dicha ley, ni el Reglamento del Consejo Consultivo Estatal de Bienestar Animal.

De igual forma , la administración que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros no ha expedido el Reglamento Interno de la Coordinación de Bienestar Animal (CBA).

“Esta omisión tiene en el limbo a las facultades específicas de la CBA. Lo que hace que sea una dependencia a la que no se le pueda medir fácilmente su productividad, a la cual para el año 2024 se le asignó un presupuesto mayor a los 12 millones de pesos”, expresó el OCPA.

El Observatorio también detalló que, con base en datos que proporcionó la CBA,  en un año, de noviembre de 2023 a octubre de 2024, realizó 4,164 cirugías de esterilización a animales de compañía (perros/gatos), ejerciendo un presupuesto de $ 1,091,322.44 para este rubro. Mientras que en un año, el Centro de Atención Canina y Felina Estatal realizó 31,187 cirugías de este tipo, con un presupuesto de $ 5,270,527.90. Haciendo un comparativo de ambas dependencias, la CBA realizó 7.5 veces menos cirugías, con un costo mayor al 55 %.

De igual forma, la dependencia gubernamental se ha visto envuelta en la opacidad administrativa, al no brindar datos acerca de la actividad realizada por el Centro de Atención Canina y Felina Estatal.

En lo que respecta a los municipios, 23 ayuntamientos no han emitido y publicado su respectivo reglamento que ordena la mencionada ley. Mientras que de los 37 municipios que cuentan con él, muy pocos han puesto en marcha sus disposiciones, aunque sea en lo más elemental. Sorprende que de las nuevas administraciones, tanto Texóloc como Tetlanohcan desconocen que su reglamento está vigente, pues se publicaron en agosto de 2023 y marzo de 2022, respectivamente; en el caso del segundo, no contraviene a la ley que se publicó en 2022.