Claudia Orozco

El intento de nombramiento de Alfredo Pérez Águila, exchofer de la gobernadora como juez interino especializado en Tlaxcala generó controversia por su falta de experiencia en el cargo.

A pesar de las críticas por tráfico de influencias, fue depuesto solo doce días después de asumir.

Sin embargo, en lugar de ser removido del servicio público, Pérez Águila fue reasignado como director interino de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la Información del Poder Judicial, lo que ha provocado aún más cuestionamientos sobre su idoneidad para el cargo.

La designación de Pérez Águila en un puesto clave como el de Transparencia ha sido ampliamente criticada, ya que no cuenta con la experiencia necesaria en la materia.

Este nombramiento ha alimentado la percepción de que se trata de una decisión política, más que basada en méritos o competencias, por lo que se pone en duda la efectividad de su gestión en un área tan crucial.

Este caso refleja las constantes críticas hacia el manejo de nombramientos en el gobierno de Tlaxcala, donde las designaciones parecen responder más a intereses políticos que a la profesionalización de los cargos públicos.

La falta de transparencia en estos procesos sigue minando la confianza de la ciudadanía en las instituciones estatales, lo que pone en evidencia la necesidad urgente de reformar los mecanismos de selección para garantizar la competencia y la imparcialidad en el servicio público.