M. Hernández

La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sandra Aguilar Vega, justificó su decisión de no solicitar la comparecencia de funcionarios estatales como parte de la glosa del tercer informe de gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, titular del Ejecutivo Estatal.

Según Aguilar Vega, su enfoque está en la colaboración interinstitucional como una vía para la transparencia y la rendición de cuentas.

Aunque la legisladora afirmó que su papel como oposición no implica necesariamente confrontación, su postura ha levantado cuestionamientos sobre la efectividad de un Congreso local que parece renunciar a su deber de fiscalizar y exigir explicaciones al Ejecutivo.

Argumentó que el trabajo colaborativo resulta más productivo que las comparecencias, calificándolas como simples ejercicios narrativos que no garantizan respuestas inmediatas para la ciudadanía.

Sin embargo, esta posición deja un vacío en el sistema de contrapesos democráticos, ante la ausencia de solicitudes de comparecencias en un contexto político donde el Legislativo debería representar un espacio de escrutinio y debate crítico levanta dudas sobre la verdadera autonomía de los actores políticos que, en teoría, deberían encabezar la oposición.

Si bien Aguilar Vega niega estar alineada con las políticas públicas del gobierno estatal, su postura puede ser interpretada como un indicio de complacencia o, peor aún, como una muestra de desinterés hacia un ejercicio efectivo de rendición de cuentas.

En un estado donde los desafíos en áreas como seguridad, salud y desarrollo social son evidentes, resulta incierto confiar en un “canal de comunicación” sin poner en la mesa las preguntas que exigen los ciudadanos.