Claudia Orozco

El proceso de selección de jueces y magistrados en Tlaxcala, que debía regirse bajo los principios de transparencia y máxima publicidad, ha sido empañado por el hermetismo y las contradicciones de los propios responsables.

A pesar de que el registro de aspirantes cerró el pasado 30 de enero, el Comité Estatal de Evaluación se niega a revelar cuántas personas participaron, una actitud que genera sospechas y atenta contra la confianza ciudadana en la legalidad del procedimiento.

En reciente entrevista, con el diputado Jaciel González Herrera, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, aseguró que el proceso sería transparente y que toda la información estaría disponible para la ciudadanía.

Según la convocatoria, el Comité tenía hasta el 6 de febrero para verificar la elegibilidad de los aspirantes y el próximo 13 de febrero se publicará la lista de los candidatos que cumplieron con los requisitos.

Sin embargo, la falta de información sobre el número de inscritos deja abierta la puerta a la opacidad y posibles irregularidades en la selección.

Las declaraciones de González Herrera también resultan inconsistentes, ya que aunque insiste en que el proceso será transparente y que los listados se publicarán en la página web del Congreso, admite que tampoco conoce cuántos ciudadanos se inscribieron.

El hermetismo del Comité de Evaluación no solo mina la credibilidad del proceso, sino que también podría generar impugnaciones legítimas de parte de los aspirantes, como señaló el propio legislador, cualquier candidato que no aparezca en la lista final debe conocer los motivos de su exclusión, y para ello es imprescindible que se publique el número exacto de registros.

Esto coloca a Tlaxcala en un contexto donde la confianza en las instituciones se encuentra constantemente en crisis, a lo que el Congreso de Tlaxcala tiene la obligación de asegurar que la elección de juzgadores no quede bajo la sombra de la sospecha.